El Ayuntamiento de Barcelona devuelve el impuesto de plusvalías a más de 3.000 personas

El Ayuntamiento de Barcelona ha devuelto ya el impuesto de plusvalías a un total de 3.186 personas que le reclamaron la devolución de la tasa a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2017 que avalaba no pagar la plusvalía municipal si no había ganancia en las trasmisiones del terreno. El consistorio ha desembolsado ya 8,5 millones de euros en concepto de estas devoluciones y tiene pendiente el pago de otros 9,7 millones de euros.

Según informa ACN, el ayuntamiento ha recibido 6.630 reclamaciones de propietarios (empresas, fondos de inversión, familias...) que han solicitado la devolución del impuesto estatal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (la plusvalía) pagado al consistorio por la venta de un inmueble o de un terreno que, en realidad, no había visto incrementado su valor con el paso del tiempo.

De las 6.630 reclamaciones, el consistorio ha tramitado más de 5.000, de las cuales ha estimado 3.186 y ha desestimado 2.056. Estas últimas se han descartado, mayoritariamente, porque no encajaban con el objeto de reclamación ya fuera por falta de pruebas o porque sí existía un incremento de valor en el momento de la operación de venta.

Jordi Ayala, gerente de Presupuestos y Hacienda del ayuntamiento que dirige Ada Colau, ha destacado que el de Barcelona es "de los primeros" ayuntamientos que está "actuando en consecuencia" y ha empezado a devolver el dinero que pagaron, de forma incorrecta según la sentencia, los constribuyentes.

El valor total de las reclamaciones asciende a 13,5 millones de euros, a los que se suman otras 4,6 millones que el ayuntamiento debe devolver a raíz de un centenar de sentencias desfavorables al consistorio. En total, el importe de las devoluciones efectuadas en lo que va de 2019 asciende a más de 18 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento ya ha pagado 8,5 millones y está tramitando los 9,7 millones restantes. El consistorio calcula que el coste máximo de las devoluciones puede llegar a los 20 millones de euros dado que sigue recibiendo reclamaciones y solicitudes. 

Impacto en la recaudación municipal

El de la plusvalía es uno de los impuestos más importantes para la financiación de los municipios. Es por eso, admite Ayala, que una de sus bases de recaudación se ha visto dificultada. Considera que esta afectación es un "error" del Estado que "hizo mal la ley" y considera que el Estado "debería tomar medidas y devolver el dinero a los ayuntamientos".

El gerente de Presupuestos y Hacienda matiza, sin embargo, que este momento de reclamaciones y devoluciones ha coincidido con un repunte del mercado inmobiliario en Barcelona. Así, este crecimiento ha "compensado" la pérdida derivada de las devoluciones.

Llamada a que el Estado legisle

Ayala apunta al Estado porque "no ha hecho su trabajo" de legislar en la línea que le pedía el Constitucional en el 2017 para modificar la ley de haciendas locales. "Hay una dejadez de funciones muy importante", ha lamentado. Por el contrario, ha destacado que el ayuntamiento se ha "avanzado" a esta reforma legislativa "en favor de la ciudadanía" procediendo a estas devoluciones.

En cualquier caso, el gerente municipal recuerda que el cambio legislativo se debe hacer y ha de incluir cómo se paga el impuesto, en qué casos se paga y cómo se compensa a los ayuntamientos.

Sentencias del TC y el Supremo

El origen de este caso es la sentencia del Tribunal Constitucional que en el 2017 avaló que los contribuyentes no deben pagar la plusvalía municipal si no había habido un incremento del valor del terreno vendido desde su adquisición, una situación que fue recurrente durante la crisis, cuando el precio de los inmuebles se devaluó.

Como la sentencia no era aplicable directamente por los ayuntamientos, el consistorio decidió, por una parte, congelar las reclamaciones y, por otra, no pedir el pago de las plusvalías en nuevas operaciones si no había un incremento del valor. En el 2018, el Tribunal Supremo dictó sentencia interpretando la del TC y determinando que los precios fijados en las escrituras era prueba indiciaria del incremento o el descenso del valor en las transmisiones y que los ayuntamientos podían utilizar este indicador para decidir si había un aumento del valor o no sujeto al impuesto. A partir de aquí, y principalmente en base a las escrituras, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la resolución de todas las reclamaciones que congeló en su momento.