Un hogar para Mina

Mina llegó a Barcelona a finales del año pasado junto a sus dos hijos de cinco y dos años. Quería reunirse con Mohamed, su pareja y padre de los pequeños, en España desde 2017. Los primeros meses vivieron en un piso del Raval, donde escolarizaron a los niños, del que les desahuciaron el pasado 5 de junio. "Un desahucio invisible, del que no nos enteramos ni los colectivos del barrio ni los servicios sociales. Les hicieron un contrato falso en un piso que ya tenía un proceso judicial abierto", relata Anna Moreno, portavoz de Raval Rebel, sentada junto a Mina, frente a la que, pese a todo, es su nueva casa. "Cuando se vieron en la calle los servicios sociales les ofrecieron una noche en una pensión. Volvieron al día siguiente y lograron tres noches más en otro hostal. Dos en otra...", prosigue la activista de Raval Rabel, colectivo que el pasado 14 de junio ocupó la oficina de servicios sociales para exigir una solución digna para esta familia. 

Tras varias horas encerrados en las dependencias municipales lograron que el consistorio les ofreciera la enésima pensión, en esta ocasión en Santa Coloma de Gramenet, donde han pasado todo el verano, hasta el pasado 5 de septiembre regresaron a Barcelona. Los movimientos provivienda de Ciutat Vella -una alianza entre Raval Rebel y Resistim al Gòtic- les realojaron en un piso que okuparon expresamente para ellos en el pasaje de la Pau, desde donde ahora hablan.

Fuera de la mesa

"No tienen papeles, por lo que ni siquiera están en la lista de espera de la Mesa de Emergencia habitacional. La única manera de que puedan acceder a una vivienda es entrando en ella y negociando con la propiedad un alquiler social", señala Martí Cusó, miembro de Resistim al Gòtic. La elección del edificio elegido para realojo a la familia no es casual. "Se trata de una propiedad vertical comprada por un grupo inversor que ha ido vaciándola de inquilinos", apunta el activista. Un clásico. 

"Hemos hecho lo que debería haber hecho la administración. Dar un hogar a una familia con niños. Ahora pedimos al ayuntamiento que medie con la propiedad para negociar un alquiler social y que la familia pueda vivir tranquila", insiste Moreno. Además de la incertidumbre de vivir en una casa okupada, Mina denuncia acoso inmobiliario por parte de la propiedad. "Nos han venido a ver para ofrecernos dinero para que nos marchemos. ¿Pero dónde nos vamos a ir?", explica la mujer, quien asegura también que las visitas de "matones" son constantes. "Les han cortado la luz y el agua varias veces. Ya hemos puesto tres denuncias por 'mobing' en los Mossos d'Esquadra", concluye Moreno antes de lanzar un mensaje a la propiedad: "no nos vamos a ir".