Colau acusa a Buch de abandonar Barcelona por motivos electorales

A Ada Colau le han llovido los palos en agosto por hacer vacaciones mientras se disparaban los robos violentos y los homicidios en la ciudad y ha vuelto de forma estruendosa en septiembre, desde Facebook y un día antes de lo esperado. El domingo por la noche colgó un vídeo, cuyo contenido ha reafirmado este lunes en platós de TV3 y en Cuatro, para denunciar que tras la excesiva atención que suscita la inseguridad en Barcelona se esconde una "campaña orquestrada de desprestigio" contra la gestión de su equipo y también para asegurar que Miquel Buch, 'conseller' d'Interior, ha favorecido, con su desidia intencionada o por motivos electorales, que la ciudad entrara en ebullición. Las graves acusaciones han sentado como un tiro en la 'conselleria' y, aunque Buch ha evitado responder, fuentes del departamento sí han querido recordar a la alcaldesa que "los ciudadanos esperan que los políticos resuelvan los problemas de seguridad y no que se peleen entre ellos". La relación entre Colau y Buch arrancó mal hace un año, y ha empeorado.

Baile de 'consellers'

Buch fue nombrado 'conseller' en mayo del 2018. Era el cuarto hombre que pasaba por la sede de paseo de Sant Joan en un año: Jordi Jané se marchó ante la inminencia del referéndum del 1-O, Quim Forn fue destituido (y encarcelado) en aplicación del artículo 155, Juan Antonio Puigserver ejerció de administrador concursal de la 'conselleria' durante la intervención estatal y Buch acabó con el baile cuando Carles Puigdemont ungió a Quim Torra desde Waterloo. Colau asistió a la primera Junta de Seguretat Local de Barcelona con Buch, celebrada a principios de junio del 2018, con dos buenos motivos para ser optimista: tenía al final un interlocutor estable en la 'conselleria' y además el elegido era sensible con el mundo municipal –llegaba al cargo saltando desde la alcaldía de Premià de Mar–. 

Colau acusa al Govern y la fiscalía de la crisis de seguridad en Barcelona

En aquella junta Colau pidió más agentes de los Mossos d’Esquadra para combatir la proliferación de narcopisos, disolver la impunidad de los carteristas y contener la venta ambulante ilegal. Pero Buch respondió públicamente y sin tapujos "que no". Y no iba de farol. Durante un año, Buch no aflojó ningún efectivo e incluso se ausentó en juntas de seguridad, lo que obligó, entre otras cosas, a suspender el plan contra la venta ambulante que se extendió sin oposición en el paseo de Joan de Borbó. El comisario de Barcelona, Carles Anfruns, sí acudió a cada reunión con la alcaldesa y ha ido moviendo las pocas fichas que tenía para sofocar las llamas –el dispositivo 'Polièdric' para contener el fenómeno de los niños de la calle, el 'Ubiq' para frenar los robos violentos o el 'Draga' para sacar carteristas del metro– pero en Colau ha crecido la sospecha de que Buch abandonaba la ciudad por motivos electorales. Por eso, según la edil, el incremento de mossos –300 agentes en prácticas que serán estructurales a partir de otoño– ha llegado tras los comicios municipales celebrados en primavera y no cuando los pidió, hace un año.

La criminalidad se dispara

Los datos de criminalidad comenzaron a afearse en otoño del 2017. El atentado terrorista del 17-A obligó a destinar mossos a la prevención antiyhadista y el clima del 1-O multiplicó las manifestaciones y, en consecuencia, absorbió a todos los antidisturbios del cuerpo catalán. Durante los meses posteriores surgieron nuevas complicaciones, como el dispositivo 'Toga', que ordenó al cuerpo catalán colocar agentes en las sedes judiciales durante las 24 horas del día después de que los CDR hubieran protestado contra los encarcelamientos de los políticos lanzando excrementos porcinos. Barcelona se quedó sin mossos en la calle.

La infradotación de la plantilla se combinó con una sentencia judicial que completó el cóctel que ha estallado este verano: el Tribunal Supremo prohibió en el 2017 que se castigara con penas de cárcel a los carteristas multireincidentes. Es decir, faltaban policías para perseguir a los ladrones y además servía de poco arrestarlos: los hurtadores solo reciben por castigo una multa económica y el 90% de los delincuentes violentos detenidos, a pesar de que sí se enfrentan a penas privativas de libertad, no entran en prisión preventiva por más delitos que acumulen hasta que llega su juicio.  

Albert Batlle, concejal de seguridad, tenía este lunes una reunión con Buch que Colau le ha calentado inesperadamente. Según el comunicado posterior, ambos han sobrellevado la reaparición de Colau y se han conjurado para trabajar en el plan de choque que se presentará este jueves.