El Ayuntamiento de Barcelona celebra el "aval judicial" a la regulación turística

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad en funciones, Janet Sanz, ha celebrado este viernes la desestimaciónde un recurso contra el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) y ha considerado que supone un “aval judicial” a la regulación.

En una rueda de prensa en el Ayuntamiento, Sanz ha asegurado que "la sentencia afianza la seguridad jurídica del PEUAT y sitúa la necesidad de regular el turismo y equilibrar los usos que se dan al territorio para defender el derecho a poder vivir en las ciudades".

Referencia a la gentrificación

Dicha sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), desestima el recurso presentado contra la aprobación del PEUAT por parte de un promotor hotelero y hace referencia, sin citarla, a la gentrificación al señalar las "secuelas" de los alojamientos turísticos.

Entre dichas "secuelas", el texto hace referencia al "encarecimiento del alquiler (…) en perjuicio de los residentes de condición más humilde, puestos en la tesitura de tener que desplazar sus vidas al extrarradio", a la convivencia ciudadana, la degradación del espacio público o la seguridad.

Aval a Colau

Según Sanz, la sentencia es un "aval judicial a una de las herramientas estratégicas del mandato Colau". "También nos dice que se debe regular el turismo y que lo estamos haciendo bien, y avala la capacidad y las competencias municipales en relación a la ordenación urbanística de la ciudad", ha añadido.

Aunque se trata de la primera sentencia del centenar de recursos que hay contra el PEUAT, la teniente de alcalde en funciones ha señalado que esta es "positiva" para ellos, dado que "abre un camino" para las próximas y "reconoce una correlación entre los alojamientos turísticos y su impacto".

El recurso fue presentado por el promotor Hotel Ciutat de Barcelona, que quería abrir un establecimiento en la calle de Princesa, en la que disponía de una licencia pero renunció para trasladarse a otro número, y pidió una indemnización de daños y prejuicios por el retraso de la concesión de la licencia de obras.