Baño de realismo en la batalla metropolitana contra la contamimación

En circunstancias normales, la urgencia es sinónimo de actuación inmediata. Pero la política se mueve por otros parámetros, así que la urgencia, en este caso, suele ser  más un modo de hablar que la expresión de una realidad. Sucede lo mismo cuando los cargos públicos hablan de 'prioridades': después de usar esa misma palabra para abordar 10 asuntos distintos, el concepto pierde todo su sentido. Este lunes se versaba en Barcelona sobre la calidad del aire en el entorno del área metropolitana. Se ha pactado una declaración institucional, y el punto uno dice así: "Reconocemos la necesidad de actuar de manera urgente, reforzada y coordinada...". El caso es que esta misma reunión ya se celebró hace dos años. Si entonces se respiró apremio y promesas, ahora ha tocado baño de realidad. Se ha hablado de peaje urbano, de carriles bus, de limitaciones de velocidad y se ha aportado una larga lista de exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero si algo ha quedado claro es que no es tan fácil como parece. Aunque sea urgente.

El 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; la teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Baracelona, Janet Sanz, y el vicepresidente de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Poveda, se han citado en el Palacio de Pedralbes para hacer balance del trabajo realizado en estos 24 meses. La rueda de prensa no ha sido de esas en las que notas cómodo al político. No solo porque las horas eran un atentado a la reforma horaria (ha terminado sobre las 20 horas), sino porque da la sensación de que aunque la letra de la música gusta a todos, no hay coincidencia en cuanto al ritmo elegido y los instrumentos. 

¿Vamos bien?

Lo lógico sería titular esta pieza por el peaje urbano que ha citado Calvet. Pero la suya no ha sido una defensa a ultranza: "Estudiaremos la implementación de posibles peajes de congestión", ha dicho. 'Estudiaremos' y 'posibles' no invitan precisamente a pensar que en breve se seguirá la senda de ciudades europeas en las que los conductores ya pagan por entrar en determinados núcleos urbanos. El 'conseller' ha asegurado que se va "por el buen camino" en la lucha contra la contaminación, pero ha añadido que es un optimismo "sin autocomplacencia". Se ha apoyado en un dato: en el 2018, solo dos estaciones meteorológicas sobrepasaron los límites legales de dióxido de nitrógeno. Un año antes fueron cinco, y en el 2010 eran 17 las 'cajas negras' del clima en las que saltaban los plomos. Preguntado sobre la promesa lanzada en la cumbre del 2017 de reducir un 30% las emisiones antes del 2030, Calvet ha asegurado que estamos mejor, aunque no ha detallado qué porcentaje ya se ha logrado reducir.  

También ha sostenido que la Generalitat ha cumplido el 70% de las promesas realizadas 24 meses atrás. En ese 30% restante, sin embargo, están dos de las propuestas estrella. La primera es el veto a los vehículos más contaminantes en las vías que comunican 40 municipios metropolitanos. Ese plan debía entrar en vigor en enero del 2019, esto es, hace tres meses, y fue el dato que más se destacó en prensa en marzo del 2017. Según señala a este diario Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, esa iniciativa requería de una reforma normativa por parte de la DGT que finalmente no ha visto la luz. "Cuando presentamos el proyecto, el Gobierno del PP nos aseguró que estaba trabajando en ello. Pero el plan se paró y tampoco se ha podido sacar adelante con el PSOE". Ese permiso, necesario para vías interurbanas, aunque sean de titularidad del Govern, no es menester dentro de los municipios, con lo que la zona de bajas emisiones prevista para enero del 2020, la medida estrella de aquella y de esta cumbre, no requiere del concurso del Estado.  

La polución nos mata

La segunda propuesta de postín tenía que ver con un déficit histórico del transporte metropolitano: conseguir que el bus de los municipios que rodean la gran ciudad la puedan penetrar con mayor rapidez. Para ello, la cumbre del 2017 hablaba de carriles bus en la B23, la C31 y la C245, mientras que la reunión de este lunes ha hecho referencia a los viales de la B23 (es el que parece más encarrilado), la 31 y la C245. O sea, lo mismo, puesto que en estos dos años apenas se ha avanzado.  

Sanz ha hecho referencia a evitar la autocomplacencia. "Sabemos que la contaminación nos está matando", ha sostenido, a la vez que ha recordado que la polución "no permite que los niños se desarrollen correctamente a nivel cognitivo". Cosas muy malas flotando que el consistorio cree que se podrán combatir con la zona de bajas emisiones, que echa de la calle a 50.000 vehículos viejos, a lo que hay que añadir el esfuerzo en carriles bici o la culminación de las 28 líneas de la red ortogonal de autobuses. Sobre los peajes urbanos se ha abierto, sin excesiva afición, a "estudiar" la idea, y ha sacado a colación el tranvía por la Diagonal, instando a Calvet "a trabajar en las siguientes semanas". Eso sí que no hay duda de que es una urgencia prioritaria para el gobierno de Ada Colau.