Mediadores combaten conflictos vecinales con pisos turísticos molestos de Barcelona

Amanda H. se ha vuelto políglota a la fuerza. Ha llamado a la puerta del vecino del tercero, en su finca en la calle de Marina, decenas de veces chapurreando todos los idiomas que podía pero con un mismo mensaje: basta de ruidos, basta de incivismo, basta de fiesta. Convive (o malvive desde hace años con un piso turístico legal que ha fastidiado claramente la convivencia en su escalera). “Tiene cien metros cuadrados y su licencia autoriza a 10 personas, aunque llegan a ser 15. No sé las veces que han estropeado el ascensor por mal uso, o que hemos aguantado ruidos de maletas arriba y abajo, fiestas y molestias”, relata, harta de llamar a la Guardia Urbana. Es una de las 700 quejas contabilizadas anualmente por pisos turísticos legales pero que generan molestias. La licencia no convierte en cívicos ni a ocupantes ni a propietarios irresponsables, aunque la mayoría de las viviendas autorizadas (unas 9.500 en la actualidad) no generen denuncias.

El concejal de Turismo, Agustí Colom, relata que viendo que un 40% de esas protestas no se solucionaban con intervención policial y que tan solo 20 pisos turísticos concentraban el 26% de las llamadas anuales (incluso una veintena de quejas por piso) el consistorio decidió ensayar un plan de mediación. Más de uno se preguntará porqué no se clausura sin más el piso turístico. Pero la realidad es que si no incumplen con normativas obligadas (como un número de teléfono del gestor o propietario con respuesta las 24 horas) o hacen una división ilegal del espacio o carecen de cédula de habitabilidad, el precinto se convierte en un largo camino judicial. Es difícil castigar el ruido (que puede percibirse como subjetivo) o las molestias genéricas.

Es en ese punto cuando se opta por tratar de acercar a las dos partes en discordia:  vecinos y dueños o gestores del piso de marras. Un equipo articulado desde la cooperativa de iniciativas sociales y acciones comunitarias Ètic Hàbitat, especializado en mediar y que integra tanto a trabajadores sociales como psicólogos, entre otros perfiles, asume el reto de suavizar la convivencia desde hace varias semanas, como prueba piloto que durará un año. Hasta ahora han llegado ya a 200 fincas y están gestionando más de 100 casos, cuenta Aida Marzo, una de las cuatro personas dedicadas a los acercamientos.

Primero se citan con una de las partes, luego con la otra, y si hay voluntad de solucionar el conflicto, se produce el encuentro cara a cara y con el mediador. A partir de entonces surgirá un acuerdo por escrito con algunos compromisos, de cuyo cumplimiento se hará seguimiento. Como es obvio, detalla Colom, el Eixample y Ciutat Vella concentran la mayor parte de casos. “Son situaciones enquistadas que se afrontan con pedagogía, con búsqueda de soluciones y también con prevención”, agrega. Para ello se ha contactado con la patronal Apartur (que defiende las buenas prácticas y colabora facilitando contactos, con administradores de fincas y con comunidades).

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Muchas veces las soluciones son simples y las propone una de las partes, afirma Elisenda Berloso, del equipo. Desde poner moqueta para minimizar el ruido de maletas, a instalar un sonómetro bien controlado, o dejar abierto un sofá cama para que el turista no lo tenga que abrir de noche”. En el caso de Amanda, los vecinos se han topado –a gritos- con la inacción del dueño, que ahora no facilita teléfono de contacto, dicen. Si los viajeros son familias la situación es asumible, pero los grupos de amigos jóvenes desatan el estrés en todo el edificio, asegura.

La presión municipal será también disuasoria para muchos, confía el mediador Oriol Companyon, que recuerda que con frecuencia el control de esos pisos está cedido a gestores profesionales. Muy pronto los carteles de este servicio serán visibles por la ciudad, con un teléfono (93 595 17 49) al que pedir ayuda.