Los arquitectos piden que se archive el plan de Colau para la Sagrada Família

El pasado viernes terminó el periodo de alegaciones al plan integral acordado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Junta Constructora de la Sagrada Família y aprobado inicialmente por el consistorio para “hacer viable la ejecución del proyecto general del templo”, cumpliendo el calendario que establece su finalización en el 2026 y, por primera vez, con licencia de obras y una compensación económica de 36 millones de euros en 10 años. Pero el Plan Especial Urbanístico Integral (PEUI) lo es todo menos integral y general, según el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, que reclama que se "archive" antes de que llegue su aprobación final y que se redacte y debata otro nuevo que, en lugar de aplazar la decisión sobre la fachada de la calle Mallorca y las escalinatas que deberían invadir las manzanas contiguas, que según la decana del colegio, Assumpció Puig, “es el tema principal”, tome una decisión sobre todo el conjunto que termine con la situación de provisionalidad de los vecinos. Aún más duras, con todo, son las objeciones presentadas por las agrupaciones de urbanismo y de patrimonio del colegio. Aunque, según el ayuntamiento, solo se han presentado cinco alegaciones, una cifra baja.

Las objeciones firmadas por la decana del colegio se limitan estrictamente a la vertiente urbanística del plan (“no nos pronunciamos sobre la arquitectura de un edificio, ni de uno como este ni de otro, a no ser que sean un atentado al entorno”, apunta Puig) que el pleno municipal debe aprobar definitivamente tras resolver las alegaciones. El documento solo regulariza la manzana de Eixample que ocupa el templo en obras y remite a una decisión posterior, pendiente de un acuerdo entre la Junta Constructora y el municipio y de un proceso participativo, la parte de la fachada que según el propio proyecto ocupará la acera de la calle Mallorca, así como las escalinatas y paseo que deberían llegar, según el Plan General Metropolitano de 1976 y las últimas propuestas municipales del 2012, hasta la calle Aragó.

La Sagrada Família compensa sus 133 años de obras con 36 millones para Barcelona

“Es una oportunidad perdida que un documento urbanístico que ha de permitir seguir las obras hasta el 2026, que está aquí mismo, y que ya está definiendo un edificio con una puerta principal que deja la calle Mallorca cinco metros por debajo, con un voladizo y el propio edificio que la están invadiendo, renuncie a hacer la modificación del planeamiento que es necesaria", sostiene. ¿Por qué no atreverse a definir cómo se llegará a esa puerta situada cinco metros en alto? "Toca definir directamente cómo se acaba, y hacerlo ya”, plantea la decana de los arquitectos catalanes. Difícil de hacerlo en periodo preelectoral, por supuesto. "La ciudad no tiene calendario electoral, ha de tener consensos a largo plazo", responde.

Las alegaciones del colegio reclaman, respecto al paseo que se abriría frente a la fachada principal del templo, que el plan urbanístico y la modificación paralela del PGM “deben afrontar y resolver este régimen de transitoriedad de más de 40 años de estas dos manzanas, una transitoriedad que afecta a las vidas de los barceloneses y barcelonesas que viven en ellas y ejercen sus actividades”.

¿Quién es el autor?

Aún más duras son las consideraciones que presentan por su parte dos asociaciones de arquitectos integradas en el colegio profesional, la Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (Aauc) y la Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervención en el Patrimoni Arquitectònic (Aadipa), quienes reclaman que se reconozca como autores de todas las partes del edificio construidas tras la muerte de Gaudí en 1926, y no a él, a los arquitectos que las ejecutaron, “de forma que se puedan analizar y si corresponde corregir maneras de actuar” y considera “inadmisible” desde el punto de vista patrimonial, “no afrontar” el problema de la fachada principal. “No se puede dejar un edificio, ningún edificio, con su entrada principal colgada sobre el vial que le da acceso, sin estudiar la problemática, sin plantear posibles soluciones y dejar claro cómo afecta el edificio y el entorno, y esto es especialmente grave si el edificio es singular y cuenta con protección como patrimonio cultural”. Las dos agrupaciones reclaman que el PEUI, es decir, el Ayuntamiento, solucione la “carencia grave” de no definir qué protección deben tener los nuevos elementos del templo y defina “las directrices de tipo patrimonial que se han de seguir en la elaboración de los proyectos de obra”.

García-Bragado pide la paralización de las obras

Otro planteamiento es el de la Associació de Veïns de la Sagrada Família, que reclama que la regularización de las obras del templo se limite estrictamente a los límites de la manzana delimitada por las calles Marina, Sardenya, Provença y Mallorca, sin ninguna invasión de las aceras o calzadas de ninguna de ellas. Pero probablemente la más contundente de las alegaciones recibidas es la presentada a título individual por el abogado y antiguo teniente de alcalde de Urbanismo durante el mandato de Jordi Hereu Ramon García-Bragado, que reclama la “paralización de las obras” hasta que no se aporten informes de Patrimonio de la Generalitat que avalen la continuación de la obra de Gaudí (el ayuntamiento responde que sí se realizaron, y son positivos)  y estudios técnicos de Adif y Territori que acrediten que ”las obras actuales del templo y sobre todo las futuras que se quieren desarrollar no afectan ni afectarán a la seguridad y estabilidad” del túnel del AVE que circula por la calle Mallorca y los túneles del metro. También considera irregular la construcción de un voladizo sobre la acera de la calle Mallorca.

Según García-Bragado (que por cierto, pilotó las duras negociaciones con la Sagrada Família cuando esta quería impedir la construcción del túnel del AVE), excluir la fachada de la calle Mallorca y los elementos que deberían superponerse a esta calle responde a que “más que atender al interés general, el Ayuntamiento ha decidido dar un trato de favor a la Iglesia católica, representada por la Junta constructora, permitiéndole continuar con las obras sin tener que pronunciarse respeto a la afectación que implican en el lado mar de la calle Mallorca”, ya que “parece evidente que la Junta Constructora pretende, con la complicidad municipal, continuar las obras sin tener que hacerse cargo de las implicaciones expropiatorias y de realojo de los afectados urbanísticos”.

García-Bragado es aún más radical que la Aadipa en cuanto a la autoría del templo, y considera que todo lo ejecutado tras la muerte de Gaudí no es más que un “edificio de nueva planta que se está construyendo desde hace años adosado a la obra, protegida patrimonialmente, de Antoni Gaudí”, de la cual se debe reconocer “el auténtico autor” y que en su opinión sería ilegal sin autorización del Departament de Cultura e imposible de legalizar según la ley de patrimonio catalana que prohíbe “hacer adiciones miméticas que falseen la autenticidad histórica” de un monumento histórico protegido.