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PREACUERDO A TRES BANDAS

Barcelona ofrece al COI el 'solar de los legionarios' de Sant Andreu

Una selección de atletas refugiados podría preparar en estas pistas su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Luis Benavides

Los terrenos de Casernes ofrecidos al COI para instalar una zona deportiva para atletas refugiados

Los terrenos de Casernes ofrecidos al COI para instalar una zona deportiva para atletas refugiados / JUAN CAMILO MORENO

El Ayuntamiento de Barcelona, Consorci de la Zona Franca y Comité Olímpico Internacional (COI) tienen sobre la mesa un nuevo uso provisional para 5.000 metros cuadrados de los terrenos de los antiguos cuarteles de artillería de Sant Andreu: una zona deportiva, que incluiría una pista de atletismo, una de básket y un rocódromo, además de un aparcamiento en superficie. Los terrenos en cuestión, propiedad del consorcio, actualmente están cedidos en precario a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona. Si fructifican las reuniones, los desfiles al ritmo del 'Novio de la muerte' darán paso a los esprints y saltos de la selección de atletas refugiados creada por el COI, a quienes el ayuntamiento ofrece el espacio para que puedan preparar en Sant Andreu su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un calendario (y un destino) que ayudarían a que el cambio de uso se desbloquee rápidamente. 

Este equipo de refugiados que en “un mundo ideal nunca debería existir”, como dijo el presidente del organismo, el alemán Thomas Bach, ya compitió en Río 2016 con una representación de 10 deportistas procedentes de Etiopía, Sudán del Sur, Siria y la República Democrática del Congo. Para los próximos juegos el número de atletas podría ascender a medio centenar, según avanzó el pasado mes de octubre el COI.

Visita 'in situ' 

Desde el pasado junio, miembros del COI han visitado los terrenos de los cuarteles al menos en una ocasión y se han reunido con representantes del Ayuntamiento un par de veces. La relación entre este organismo y el consistorio es estrecha, según explica la concejala de Sant Andreu, Laia Ortiz, a EL PERIÓDICO.  “El COI estaba buscando una ciudad en la que desarrollar proyectos sociales y Barcelona les resulta interesante por su pasado olímpico pero también por la especial sensibilidad de la ciudadanía respecto a la acogida de refugiados y planes como ‘Barcelona, Ciutat Refugi’”, cuenta la también teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona.

Como concejala del distrito de Sant Andreu, Ortiz lleva unos tres años pidiendo al Consorci, el ente público-privado propietario de los terrenos, que desaloje a la hermandad de legionarios para destinar provisionalmente ese espacio -mientras no llegue la transformación definitiva de la mano del AVE- a otros usos. “Cuando el PP estaba en el Gobierno central nos encontrábamos un muro en los plenos (del Consorcio), pero ahora parece que están dispuestos a abordar un asunto que es un clamor entre los vecinos de la zona”, explica la concejala, en referencia a la designación del exsecretario del PSC Pere Navarro como delegado especial del Estado en el consorcio, un ente que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El consorcio, el ayuntamiento y los representantes vecinales tienen previsto reunirse el próximo 22 de enero para tratar este proyecto que Ortiz quiere llevar con discreción porque todavía está en una fase embrionaria. De hecho, quedan por definir detalles como el lugar en el que se alojarán estos atletas, que no tendría por qué ser necesariamente en el barrio de Sant Andreu, explica la concejala. En este sentido, fuentes del consorcio consultadas por EL PERIÓDICO prefieren no avanzar acontecimientos a la espera de este encuentro a finales de mes. Con todo, “el Consorci de la Zona Franca estará de acuerdo con aquello que el Ayuntamiento y los vecinos acuerden. Nuestra función es poner los terrenos a disposición de los intereses de la ciudadanía”, puntualizan las mismas fuentes.

Instalaciones abiertas al barrio

Vecinos y entidades del territorio también podrán disfrutar estas instalaciones deportivas provisionales. El proyecto del COI contempla, por no decir que exige, la interacción y convivencia entre los atletas refugiados y locales. Este uso no privativo del espacio público es uno de los aspectos que más satisface a la asociación de vecinos de Sant Andreu de Palomar. En realidad, el presidente de la entidad, Santi Serra, aplaude prácticamente cualquier alternativa a la presencia de asociaciones de corte militar en los terrenos de los cuarteles. “Llevamos 12 años esperando la construcción de diferentes equipamientos para el barrio en esa zona. No aportan nada, más bien al contrario. Ocupan un solar que limita con una escuela. Los niños pequeños pueden ver sus desfiles militares, imágenes de Franco, escopetas…  Queremos que marchen”, sostiene el representante vecinal.

Todo está en el aire, pero el proyecto ilusiona a los vecinos: “Aunque todavía no se ha concretado nada, la idea es que las instalaciones deportivas también puedan ser utilizadas por los vecinos del barrio; de esta manera Sant Andreu recuperará una zona que está muy degradada y que hace tiempo que reivindicamos”, subraya Serra, quien espera que la llegada de los deportistas y el personal del COI pueda darle más vida a la zona norte del barrio. “Eso ha pasado con la llegada al antiguo edificio de Hacienda de Gran de Sant Andreu -continúa Serra- del Institut Municipal de Mercats de Barcelona, que antes estaban en unas oficinas de la Vila Olímpica”.

El edificio cedido a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona  / JUAN CAMILO MORENO

Dos décadas en el 122 de Torras i Bages

Si las entidades dan luz verde como todo parece apuntar y el COI mantiene su interés en instalarse en el espacio de Casernes, la presencia de los exlegionarios y simpatizantes del cuerpo fundado en 1920 en el edificio situado en el 122 de Torras i Bages y los terrenos colindantes podría terminar más pronto que tarde. Los miembros de esta agrupación desfilan -y organizan barbacoas y otras actividades para sus asociados- en este solar desde hace dos décadas. Y no dejaron de hacerlo cuando en el 2004 el consorcio compró esos terrenos, parte de los antiguos cuarteles de Sant Andreu, al Ministerio de Defensa. La hermandad, que hasta entonces había pasado relativamente desapercibida para los vecinos, comenzó a estar en el punto de mira de toda la ciudad a finales del 2013 cuando el consorcio, presidido entonces por Xavier Trias, les cedió el precario las instalaciones.

Distrito, asociaciones de vecinos y plataformas antifascista llevan más de cinco años pidiendo que se revoque la cesión y que no utilicen el retraso que acumulan las obras en los terrenos de los antiguos cuarteles para mantener a la hermandad en un espacio público que debería acoger equipamientos para el barrio. Los miembros de la hermandad, por su parte, alegan que durante todo este tiempo se han encargado de mantener limpio el terreno, que solo tienen armas inutilizadas y que no utilizan simbología preconstitucional.

La última ofensiva por parte del Ayuntamiento llegó a principios de año en forma de multa, según ha informado el diario local 'L'Exprés de Sant Andreu'. En concreto, el gobierno de Colau impuso una multa de 2.150 euros a la entidad por la celebración de una Feria Militar en el 2017.