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El vandalismo en el suburbano

El asalto de grafiteros a convoyes de metro con pasajeros agrava el conflicto

La denuncia de dos de los viajeros por lesiones permiten que la investigación entre en la vía penal

Guillem Sànchez

Acción de los grafiteros en la parada de Maragall el pasado 4 de noviembre.

Acción de los grafiteros en la parada de Maragall el pasado 4 de noviembre. / TMB

La agresión de un grupo de grafiteros a tres viajeros del Metro de Barcelona durante la madrugada del domingo 4 de noviembre, en la línea 4, ha destapado el fenómeno de los encapuchados que pintan trenes, ahora ya no solo en cocheras, sino tras detenerlos en una estación con pasajeros dentro. Fue el episodio más grave, pero forma parte de un problema antiguo que agobia a las empresas ferroviarias, por costoso.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) emitió horas después del altercado un comunicado en el que afirmaba que los grafiteros rociaron con espray a una mujer embarazada. Una acusación que en el entorno de los grafitis se juzga falsa y se interpreta como un intento de criminalizar a un colectivo que, a pesar de su hiperactividad, cuenta con pocos incidentes violentos en el historial.

Para el intendente Joaquim Bayarri, jefe de la División de Transporte de los Mossos d’Esquadra y alguien cansado de lidiar con los grafiteros, poner el foco «en si hubo o no agresión a una mujer embarazada a quien rociaron con espray en la cara» es hacer un zoom excesivo a la cuestión que desvía la mirada de lo esencial en este asunto: Un grupo de 34 personas encapuchadas -su lema es que si no hay cara, no hay caso-  detuvieron de madrugada un convoy en marcha tirando de la anilla de emergencia y se enfrentaron, con amenazas, a los usuarios que se atrevieron a recriminarles su acción. Debe verse desde esta perspectiva porque así lo trata la policía, como una investigación que ya cuenta con dos denuncias de las tres víctimas –entre ellas la de la mujer embarazada– por delitos que acabarán en un proceso penal, y porque esta acción ha supuesto subir un peldaño más en la espiral de desafíos que parecen estar dispuestos a asumir para pintar trenes.

Retos millonarios

El auge de las redes sociales, durante los años 2012, 2013 y 2014, fue carburante para los grafiteros. Porque brindaba un escaparate ideal donde mostrar los retos logrados a modo de trofeo. El colectivo, según explica Bayarri, siempre actúa movido por el ánimo de superar nuevos desafíos. No se trata de hacer un simple dibujo con pintura en espray. Se valora el tamaño que tiene y, sobre todo, el lugar en el que ha sido ‘colgado’. No tiene el mismo reconocimiento hacer un grafiti en un tren aparcado en la cochera que en uno que está en funcionamiento y trasladando viajeros. La complejidad, y el riesgo de ser detenido, aumentan su valor. Para mostrar la ‘hazaña’ es obligatorio grabar toda la secuencia. Entre las pertenencias que llevaba encima el único de los 34 grafiteros que fue identificado por los Mossos en la madrugada del 4 de noviembre, tras ser retenido por los vigilantes de seguridad, había una cámara GoPro.

La policía catalana solo en el 2017 detuvo a una treintena de grafiteros. Este año hay más de 100 investigaciones abiertas. El perfil de estos, explica Bayarri, oscila entre los menores de edad y los treintañeros. Aunque la mayoría ronda los 25 años. «No son ciudadanos desarraigados, aunque tampoco hay altos ejecutivos», matiza. Son personas normales, con familia y una vida acomodada, que «se realizan a través de estos retos». El seguimiento policial ha constatado que existe incluso un Erasmus grafitero consistente en trufar el currículum con pintadas en las principales capitales europeas. Lo que atrae hasta Catalunya a turistas que desean rellenar la casilla de Barcelona. «Cuesta de entender que menosprecien el daño a un servicio de uso público que genera su afición», les reprocha Bayarri. 

Despenalización

La última reforma del Código Penal, introducida en el 2015, dejó de considerar un delito pintar un tren. Actualmente, supone solo una sanción administrativa, una multa. La decisión ha limitado mucho la capacidad de actuar de la policía y, como tampoco se pueden blindar con barreras defensivas estructuras tan gigantescas como las ferroviarias, las empresas se han visto obligadas a aumentar la dotación de su plantilla de vigilantes privados. Un escenario que ha condenado a empleados y vigilantes a encontrarse cada vez con más frecuencia con grupos de grafiteros.

En el mes de mayo, el capítulo más sonado hasta el del primer fin de semana de noviembre, algunos encapuchados lanzaron piedras contra un metro que trasladaba trabajadores hacia una cochera de Barcelona. Un estudio presentado en el 2017 del Observatori del Civisme del Transport Ferroviari, del que forman parte Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), TRAM y Renfe, señalaba ya que el vandalismo grafitero se había convertido en el principal problema de seguridad con crecientes implicaciones sociales, medioambientales, laborales y económicas.

17 millones en un año

En el 2017, las empresas catalanas se gastaron 17 millones de euros en reparar los 7.318 vagones que pintaron los grafiteros y 927.000 usuarios tuvieron que soportar retrasos derivados de su actividad. Este despilfarro, en el que no se incluye la inversión en el refuerzo de la vigilancia privada, repercute en el precio del billete que paga el ciudadano. 

Temas: Metro