LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
BCN y otros seis municipios crean una asociación por la gestión pública del agua
El nuevo organismo agrupa a localidades en las que viven 2,5 millones de personas
Siete municipios que agrupan a 2,5 millones de catalanes, dos empresas públicas - Barcelona Cicle de l’Aigua y Aigües del Prat- y una entidad –la Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres- han constituido este miércoles la Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua (AMAP).
El organismo, en el que participan Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, fue anunciado por Ada Colau y otros alcaldes en marzo pasado, cuando se firmó un protocolo de intenciones que ahora se ha concretado. La asociación persigue difundir e impulsar la gestión pública del agua y dar su apoyo a los ayuntamientos que quieran apostar por ese modelo.
Este miércoles, concejales de los ayuntamientos y representantes de las empresas públicas y la Enginyeria sense Fronteres se han reunido para celebrar la asamblea constituyente del colectivo. El concejal de Presidencia y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha afirmado que Catalunya es "una anomalía" porque en el mundo "en un 90% de los casos" la gestión del agua es pública, lo que se traduce, ha asegurado, en facturas más reducidas para los usuarios. Barcelona presidirá la entidad; El Prat, la vicepresidencia; Badalona, la secretaría, y Terrasa, la tesorería.
Esperando la sentencia del Supremo
El gobierno de Colau anunció en noviembre del 2016 que quería apostar por la municipalización de la gestión del agua, y está pendiente de una sentencia que debe anular o mantener la empresa de gestión del agua en el Área Metropolitana de Barcelona, creada en el anterior mandato, de la que un 75% correspondió a Agbar, un 10% a Criteria (La Caixa) y el 15% restante a la propia AMB. El TSJC anuló la sociedad porque se creó sin concurso, pero un recurso dejó en manos del Supremo la decisión final, que se espera para este año. Si se confirma la anulación de la sociedad, la remunicipalización sería más sencilla. Si no, implicaría una indemnización de envergadura a los concesionarios.
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