El veto a los vehículos más contaminantes divide a la población

Todos a una: el 93% de los barceloneses consideran que la contaminación es un problema grave o muy grave para la ciudad. Entre todos ellos, las mujeres parecen más concienciadas que los hombres, y en cuanto al perfil político, los votantes de ERC y la CUP son los más preocupados por la polución y los efectos sobre la salud pública. En cuanto a la afectación personal, el sexo femenino vuelve a destacar: el 35,1% de las vecinas de la capital catalana aseguran haber notado los efectos del aire contaminado, por un 25,6% de los residentes hombres.  

En cuanto a las posibles soluciones, de la lista de propuestas por la encuesta elaborada por GESOP, se impone la idea de incentivar fiscalmente a los coches eléctricos (84,4% de aprobación), algo que ya contemplan las ordenanzas fiscales de Barcelona. La segunda medida es limitar el tráfico en el centro de la ciudad, como han hecho otras capitales europeas, como Londres. El 75,3% lo ve bien, aunque es algo que, por ahora, no se contempla. Lo que no convence de ninguna manera es la propuesta de cobrar por circular por las calles más céntricas, como sucede en la capital británica. 

Apoyo mayoritario al turismo pero también a ponerle límites

El bronce es para las supermanzanas, respaldadas por el 51,1% de la población. Se posicionan en contra el 43,5%. A más de uno le sorprenderá después de que la se instaló en el Poblenou el pasado mes de septiembre haya recibido más bien pocos elogios, tanto por la planificación como por la elección del lugar, un rincón de Sant Martí del que se podía decir cualquier cosa menos que no fuera ya ciertamente pacífico. 

Una de las medidas que el gobierno de Ada Colau y el Area Metropolitana de Barcelona tienen entre manos no consigue pasar el corte. Se trata de la posibilidad de que los coches considerados más contaminantes paguen más por aparcar en la zona azul y verde (42,6% a favor por un 54,6% en contra). Lo que sí aprueba por los pelos (49,9% contra 47,1%) es el veto total a los coches más viejos y que emiten más emisiones contaminantes. Está previsto que suceda en el 2020, pero no sería la primera vez que un gobierno municipal da marcha atrás.