El taxi afronta el reto de renovarse para combatir las nuevas tecnologías

El taxi metropolitano pasa por momentos de incertidumbre. Las nuevas tecnologías y el 'boom' turístico de Barcelona han revolucionado la industria del transporte. El gremio se ha manifestado este jueves contra las licencias de alquiler coche con conductor (VTC) y contra la competencia desleal de las aplicaciones de móvil que ofrecen, a su modo de ver, un servicio encubierto de taxi. ¿Pero qué puede hacer el sector más allá de la legítima protesta? ¿Hay margen para competir con la tecnología que, más pronto que tarde, acabará entrando en la capital catalana?

Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, entiende buena parte de las reivindicaciones del colectivo, pero insta a una cierta desregulación de la profesión. Por decirlo de alguna manera, quitarle el corsé al taxi para que sea capaz de competir con cualquiera. Eso solo se puede hacer con el concurso del Instituto Metropolitano del Taxi (IMT), presidido por la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, ente que históricamente se ha escudado en la división del gremio para modificar lo justo. "No hablo de liberalizar -asegura Padrosa- pero sí de asumir otros roles que permitan competir". 

OPCIONES DE FUTURO

Luis Berbel, presidente del Sindicato del Taxi (Stac), señala algunas de las funciones que podrían asumir. Muchas de ellas, dice, ya las han puesto sobre la mesa. Como la posibilidad de que los usuarios compartan taxi. O la tarifa única al aeropuerto (como hace Nueva York) que llevan años reclamando. Explica Berbel que la propia ley del taxi permite cobrar por plaza en casos concretos, sobre todo en los servicios que se prestan en zonas del Baix Ebre y el Pirineo, y que sería una manera de que el servicio "fuera más atractivo, al margen de económico para los viajeros". También, sostiene, podrían asumir el transporte sanitario que, lamenta, ahora se hace en furgonetas que van repartiendo hasta a ocho enfermos y que tardan "mucho más que un taxi".

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Otra propuesta es sustituir algunas líneas de autobús "completamente deficitarias", sobre todo entre pueblos. En cualquier caso, lo que supondría un revulsivo para la capital catalana es el taxi compartido, amén de posibles aplicaciones móviles impulsadas por la Administración que estén por llegar. Algunas entidades, como en su momento la Asociación Empresarial del Taxi, había llegado incluso a proponer la liberalización de tarifas, reguladas por la Autoritat del Transport Metropolità, que en los dos últimos años ha congelado los precios.   

PROPORCIÓN ASUMIBLE

En Catalunya hay actualmente 853 licencias VTC por 12.792 de taxi. Es una proporción asumible para ambos colectivos, que hasta la fecha no se habían considerado competencia, pues los primeros se dedicaban al público de negocios, a altos ejecutivos, y el segundo, a la población en general.

En el 2009, la ley ómnibus afectó muchos aspectos de la ley de ordenación de transportes terrestres (LOTT), entre ellos, algunos puntos referentes al taxi. El gremio alertó de que peligraba la proporción de 1 VTC por cada 30 licencias de taxi, pero Fomento no tocó nada hasta el 2013, cuando se decidió volver a la situación actual, a los postulados de la normativa aprobada en 1987. En esos cuatro años se solicitaron 463 licencias (una misma compañía se hizo con 310 de ellas). Esa vuelta a la redacción original tardó dos años en hacerse efectiva. No fue hasta noviembre del 2015 que se puso negro sobre blanco la obligación de mantener la proporción entre unos y otros.

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El problema es que en esos dos años se solicitaron 2.927 licencias de VTC, y que 1.870 de ellas se concentran en siete personas o empresas diferentes. En total hubo 94 solicitantes. Todas estas peticiones fueron denegadas en primera instancia, pero 48 de ellas están en un contencioso-administrativo que debe determinar quién tiene la razón. Ya hay una sentencia, y ha sido favorable al demandante, que ha conseguido cuatro permisos de VTC (en Asturias y Navarra se han rechazado todas). Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya otorga las casi 3.000 licencias en liza, quedaría el recurso al Supremo.

Padrosa recuerda que el Govern solo tiene competencias en cuanto al control del cumplimiento de la ley, que no puede modificar. por eso sorprende que la manifestación de este jueves no se haya acercado a la delegación del Gobierno, en la calle de Mallorca, para presionar a Fomento. El responsable de Transports admite que aprobar esas casi 3.000 licencias supondría una "liberalización del mercado". El precio de cada una ronda los 30 euros, las tasas administrativas. Pero una vez conseguidas, se pueden vender por unos 70.000 euros. "Un negocio redondo, está claro que detrás hay un mercado económico", señala Padrosa.