Barcelona pone trabas a Justícia para el derribo de los antiguos juzgados

Un edificio tapiado y en desuso amenaza ruina en el paseo de Lluís Companys. Es la antigua sede de los juzgados, clausurada en el 2009, cuando fueron trasladados a la Ciutat de la Justícia, en la frontera entre Barcelona y L’Hospitalet. Allí estuvieron medio siglo, y dentro, en el último piso, llegó a haber viviendas para los funcionarios.

Ahora, con años de retraso, a tenor del calendario que se manejaba tiempo atrás, la Conselleria de Justícia está dispuesta a demoler el viejo edificio, algo para lo que ya cuenta con el presupuesto necesario. Sin embargo, todavía no hay fecha, porque el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto trabas a la operación. El consistorio afirma que está trabajando con la 'conselleria' para la concesión de una licencia de derribo que califica de complejo por el tamaño de la antigua sede judicial.

Pero lo que más inquieta al gobierno municipal es que si bien la Generalitat tiene recursos económicos para echar el edificio abajo, no cuenta

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"Buena sinton\u00eda entre las dos\u00a0administraciones","text":"El Gobierno catal\u00e1n y el Ayuntamiento de Barcelona mantienen una relaci\u00f3n fluida desde que Ada Colau lleg\u00f3 a la alcald\u00eda, incluso m\u00e1s de lo previsto entonces. Han alcanzado un consenso in\u00e9dito sobre la deuda de la Generalitat a la ciudad y el principal acuerdo concreto cerrado entre ambas partes, en este caso\u00a0con la Conselleria de Just\u00edcia, es el que cristalizar\u00e1 en el cierre de la c\u00e1rcel Modelo este mismo a\u00f1o. Un pacto que tambi\u00e9n conlleva el cierre de la c\u00e1rcel de Trinitat y la cesi\u00f3n por parte del consistorio de terreno en la Zona Franca para la nueva c\u00e1rcel. El embri\u00f3n del cierre de la c\u00e1rcel\u00a0fue la condici\u00f3n\u00a0que el grupo de ERC en el ayuntamiento impuso a la alcaldesa a cambio de apoyar una modificaci\u00f3n de cr\u00e9dito de 275 millones."}}

todavía con el presupuesto necesario para erigir el nuevo edificio, que debe albergar, entre otras dependencias judiciales, la Audiencia de Barcelona, ahora situada al otro lado de Lluís Companys, en el Palacio de Justicia, en los números 14-16. El proyecto de demolición está adjudicado a una UTE formada por Construcciones DECO y la empresa Francisco Alberich desde septiembre del 2016.

Justícia argumenta que el inmueble actual está en unas condiciones que no permiten retrasar el paso de la piqueta. Pero, sumadas, la premura por la demolición y la falta de dinero para erigir la nueva sede llevan a una conclusión: la de que allí quedará durante años un solar.

El ayuntamiento no solo quiere detallar la demolición, también quiere darle al terreno un uso de equipamiento municipal hasta que empiece la construcción, para lo que el solar debe estar disponible. Ese uso será debatido con los vecinos de la zona. Fuentes municipales han asegurado que la Generalitat no ha presentado la documentación necesaria para dar la licencia de obras, pues el proyecto que se ha presentado data del 2006, con el gobierno tripatrito.

ANUNCIOS DEL PASADO

El caso de la demolición de los antiguos juzgados de Lluís Companys no llega al nivel del cierre de la Modelo en cuanto a anuncios que no se han cumplido, pero tampoco es manco. En el 2006, en tiempos del tripartito, con Josep Maria Vallès como titular de Justícia, la Generalitat anunció sus planes: demoler los juzgados y empezar a construir el nuevo edificio en el 2008, con un presupuesto previsto para ambas operaciones de 36 millones de euros. Reformar la sede, decía entonces la Generalitat, era más caro: 39 millones.

En el 2014, cinco años después de que los juzgados dejaran de funcionar, Justícia, entonces con Germà Gordó como 'conseller', preveía que la demolición llegaría a finales del 2016 y que en el 2017 empezarían las obras. Se hablaba de un presupuesto de más de 59 millones de euros para levantar un edificio de 37.000 metros cuadrados.

CESIÓN AL ESTADO

El solar es de propiedad municipal y fue cedido al Estado en el siglo XIX para uso judicial. Con el tiempo, cuando la Administración autonómica recibió el traspaso de las competencias del Estado, esa cesión pasó a la Generalitat. Para mantenerlo, el Govern debe presentar un proyecto de sede judicial. Algo para lo que, como se ha dicho, no hay dinero.