Barcelona modifica la ordenanza de servicios funerarios para abrir paso a nuevas operadoras

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este jueves que modificará las ordenanzas de servicios funerarios y de cementerios con el fin de abrir el mercado a nuevos operadores y en el marco de una nueva política que incluirá la creación de una funeraria pública municipal con la que el consistorio quiere rebajar el coste. La alcaldesa, Ada Colau, lo justificó en uno de sus tuits en noviembre pasado: "En Barcelona puedes nacer en un hospital público pero la muerte se había privatizado".

El ayuntamiento cifra el precio de un entierro en unos 6.400 euros, y se propone rebajarlo en un 30%. Las operadoras privadas están que trinan con estas decisiones, y empiezan por negar la mayor: Mémora y Áltima sostienen que el coste medio de un entierro está en unos 3.500 euros.

REFORMA OBLIGATORIA

La modificación de las ordenanzas, que el primer teniente de alcalde,  Gerardo Pisarello, anunció a la par que presentaba el proyecto de funeraria pública, responde también a la necesaria adaptación a la normativa catalana y estatal, que estaba pendiente.

Uno de los cambios principales es la eliminación, en la ordenanza de servicios funerarios, del requisito de disponer de un tanatorio para prestar el servicio, medida con la cual se pretende que otras empresas compartan el pastel y se acabe lo que el consistorio define como un "oligopolio". En el terreno de las tarifas, la modificación obligará a las empresas a comunicar al ayuntamiento los servicios que presta y a qué precios, datos que la ciudadanía podrá consultar.

Mémora y Áltima sostienen que, a la vista de experiencias de otras ciudades españolas, como Valencia y Madrid, existe el riesgo de que la reforma abra la puerta a empresas pirata que se dediquen a competir por los muertos echando mano de artimañas, como la de sobornar a personal sanitario que les informe de la defunciones.

VENTA DEL 15%

Dentro de toda esta operación, el ayuntamiento se ha visto obligado a vender el 15% que poseía de Serveis Funeraris de Barcelona: el 85% restante ya es de Mémora. Si no lo hiciera, incurriría en la incompatibilidad de figurar en una sociedad mercantil y en una operadora pública.