Tarifas sin crisis

Noble objetivo el de evitar que el viajero cargue en sus maltrechas espaldas económicas con el sobrecoste del transporte público metropolitano. En el 2017, la factura subirá 20 millones de euros más, y Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona se han comprometido a pagar la mitad. Todo un gesto. El otro 50% debería asumirlo el Gobierno. El ciudadano se saca un peso de encima. Una carga que en los últimos ocho años, desde el inicio de la crisis, es mayor de lo que cabría esperar.

Pese a que las tarifas llevan congeladas desde el 2015, los títulos de transporte público más usados se han encarecido cerca de un 40% de media desde que Lehman Brothers se quedó sin blanca. En el 2008, la T-10 costaba 7,20 euros. Hoy está a 9,95 euros, un 38% más. La T-50/30 ha pasado de 29,80 euros a 42,50, un 42,5% más. El billete sencillo (usado por menos del 5% del pasaje) se ha encarecido un 65%, de 1,30 a 2,65 euros.

Este incremento de las tarifas se ha producido en unos años en los que el IPC ha subido un 10,8% en el conjunto de España. Es decir, el bus y el metro han subido casi cuatro veces más que el coste de la vida. Por no hablar de los sueldos, que apenas han crecido. Y eso, sin tener en cuenta de qué manera ha afectado la crisis al poder adquisitivo de las capas más populares de la ciudadanía, que son las que más usan y mayor beneficio pueden sacar de la red de transporte público. A pesar de todo, es justo admitir que el usuario paga algo menos de la mitad del coste total de mantenimiento del servicio.

SECTOR SIN LEY

Todo esto sucede sin que el Gobierno disponga de una ley de financiación del transporte público que este lunes el ‘conseller’ de Territori, Josep Rull, ha vuelto a reclamar. El Parlament dispone de su propia legislación sobre la materia, pero tal y como están las cosas, sin norma estatal, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene obligación alguna de pagar. De ahí que las contribuciones (un 43% menos en el 2016 respecto al 2008, de 173 a 98 millones de euros, con un pico de 200 millones en el 2010) hayan sido tan volátiles. El pasado mes de septiembre, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid unieron fuerzas para unirse a la petición de una regulación. Se sumaron otras 17 capitales de provincia (Valencia, San Sebastián, Sevilla, Palma de Mallorca…). “Necesitamos un marco de financiación estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas”, dijo entonces la concejala de Movilidad del consistorio barcelonés, Mercedes Vidal.

Las tres administraciones catalanas firmaron un convenio en el 2014 por el que pactaron el rescate financiero del metro y el bus. Siete bancos prestaron 472 millones hasta el 2031 para afrontar la deuda acumulada desde el 2009, de 546 millones de euros. Curiosamente, como ha sucedido este lunes, aquel día, las autoridades tampoco aceptaron preguntas de la prensa.

La única rebaja cosechada en estos años ha sido a cuenta de la T-10. Los socialistas, a cambio de aprobar los presupuestos del 2015 del gobierno de Xavier Trias, arañaron una rebaja simbólica del 3% en el título de transporte usado por casi la mitad de los viajeros. Pasó de los 10,30 euros a los 9,95 euros que todavía hoy se mantienen. Se bajó de la barrera psicológica de los 10 euros, pero sigue siendo un precio un 38% superior a los tiempos anteriores a la primera gran crisis del milenio.