RECOGIDA DE BASURAS
L'Hospitalet refuerza el equipo de inspección de los servicios que presta FCC
El ayuntamiento redobla el control sobre la empresa y le aplica descuentos pero no denuncia abusos como Barcelona o Badalona
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Por qué confiar en El Periódico El Ayuntamiento de L'Hospitalet acaba de incorporar 12 inspectores del espacio público que tendrán, entre otras misiones, "incrementar el seguimiento y control que ya se viene ejerciendo sobre la contrata de limpieza viaria y de recogida de residuos" para imponer sanciones o reducciones en los pagos previstos "si el servicio prestado no es el correcto o se detectan anomalías o incumplimientos". La empresa puesta ahora en L'Hospitalet bajo una lupa de mayores aumentos (los 12 nuevos inspectores) es Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
El anuncio del refuerzo de este servicio coincide en el tiempo con dos movimientos sísmicos municipales ocurridos esta semana en el área metropolitana y que han tenido a FCC como epicentro. Barcelona investiga si esa empresa falseó datos para cobrar 800.000 euros por trabajos no realizados. Badalona ha ido más allá y ha calculado que FCC podría haber defraudado hasta 12 millones de euros a las arcas municipales. Ambos casos están en manos de la fiscalía.
INCUMPLIMIENTOS JUSTIFICADOS
El caso de L'Hospitalet, pese a la coincidencia en una misma semana, es distinto. La segunda ciudad de Catalunya no denuncia ningún abuso. La versión oficial es que refuerza sus servicios de inspección, por una parte para que sobre el terreno se puedan descubrir necesidades específicas y, por otra, para controlar que el servicio contratado se presta tal cual está previsto. No siempre es así. El pasado mes de octubre, por ejemplo, los técnicos municipales anotaron que era obligado descontar 11.300 euros de la factura que se abona a FCC porque algunas operaciones no se realizaron correctamente o no llegaron a ejecutarse. No se presupone en estos casos mala fe por parte de la compañía concesionaria. Puede tratarse de incumplimientos justificados, pero aún así deben ser descontados de los pagos a la empresa.
El caso de L'Hospitalet, pese a las diferencias, se suma a su manera al proceso de revisión de los contratos municipales por parte de diversos ayuntamientos, bajo la sospecha de que la concesión de servicios a empresas privadas puede ser en ocasiones excesivamente cara para los intereses de los ciudadanos. El caso extremo, en este contexto, sería la denuncia de Badalona, pues los 12 millones de euros supuestamente defraudados son una cifra muy elevada para un ayuntamiento como el de esa ciudad, especialmente endeudada.
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