13 jul 2020

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EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Colau impone cuatro multas de 315.000 euros a la Sareb, el BBVA y el Santander por tener pisos vacíos

Dos sanciones son para el llamado banco malo y otras dos para las otras dos entidades bancarias

Toni Sust

Colau, en el ayuntamiento.

Colau, en el ayuntamiento. / JOAN CORTADELLAS

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que ha impuesto cuatro sanciones de 315.000 euros a tres grandes tenedores de vivienda por mantener pisos vacíos durante más de dos años, y que lo ha hecho tras varios requerimientos y después de multar ya a los ahora castigados en otras tres ocasiones con sanciones de menor cuantía: 5.000 euros la primera vez, 10.000 la segunda y 15.000 la tercera.

Según ha precisado el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, dos de las sanciones de 315.000 euros, las máximas previstas, son para la Sareb, el llamado banco malo, por tener dos pisos vacíos en Sant Martí. Las otras dos son por dos pisos situados en Nou Barris, uno del BBVA y otro del Santander.

Montaner ha subrayado que el objetivo último no es que se paguen las multas, sino que se movilice vivienda. De hecho, ha explicado que el BBVA ha pagado las multas anteriores, pero que no ha justificado que el piso aludido siga vacío, por lo que es igualmente sancionado.

CAMBIO DE RITMO

El consistorio ha decidido agilizar el proceso. Según Montaner, aconsejado por los servicios jurídicos, el gobierno municipal elimina dos de los pasos previos a la mayor sanción, de manera que la primera multa será de 5.000 euros y la segunda será ya de 315.000 euros. Eso reduciría el proceso desde la primera multa al final de 18 a 12 meses.

El concejal ha dado por hecho que los sancionados presentarán alegaciones. Según los técnicos municipales, si los bancos no pagan la multa, el consistorio puede acudir a la vía ejecutiva, el embargo. Si pese a todo, la vivienda en cuestión sigue vacía, dicen que puede ser expropiada.

El BBVA no comprende la sanción: afirma que cedió el piso en cuestión a la Generalitat en julio para alquiler social

UCER

Montaner ha recalcado que la Unidad Contra la Exclusión Residencia (UCER) no solo se ocupa de los desahucios y de realojar a quienes los sufren sino también de la vía disciplinaria, y ha dado datos de qué camino se ha recorrido en este ámbito: hay 207 procedimientos abiertos; se han impuesto 13 multas de 5.000 euros (10 de ellas recurridas); 8 de 10.000 (cinco recurridas), y dos de 15.000. Las primeras multas de Colau a los bancos llegaron en septiembre del 2015.

Las multas se basan en la ley de la vivienda que el Parlament aprobó en el 2007, en su época no solo criticada sino ridiculizada por no pocos. Al final la norma ha resultado decisiva, porque el consistorio echó mano de la ley 24/2015 del Parlament, la que nació de una iniciativa legislativa popular (ILP) contra los desahucios y la pobreza energética, suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

La primera reacción de los sancionados ha corrido a cargo del BBVA, que ha mostrado su sorpresa por la multa, ya que, según relatan fuentes de la entidad bancaria, su piso presuntamente vacío en Nou Barris fue cedido a la Generalitat en julio pasado, dentro de un lote de 1.800 viviendas y por un periodo de ocho años, para que fuera empleado por la Administración catalana para el alquiler social. Es decir, que sí tenía uso, por lo que la sanción no tendría sentido. El banco ha presentdo alegaciones en este sentido contra el principio de procedimiento de sanción del ayuntamiento.

LOS FRENTES DE LA VIVIENDA

El de garantizar la vivienda a quien no tenga medios para acceder a ella no es solo uno de los retos prioritarios para el gobierno municipal, es el objetivo que marcó el activismo de Ada Colau antes de ser activista, y fue el medio que la llevó a la política. También es, en consecuencia, uno de los aspectos cuyos resultados serán mirados con lupa cuando se juzgue la gestión de la alcaldesa, que ha defendido en un tuit la decisión del ayuntamiento.

El consistorio se ha propuesto ampliar el parque de vivienda social mediante acuerdos con grandes tenedores de vivienda (se considera gran tenedor a partir de 1.250 metros cuadrados de propiedad), mediante la movilización de viviendas actualmente vacías y atrayendo a propietarios que teman riesgos de cobro: se les abona un precio algo inferior al mercado (en torno a un 20% menos), a los que se ofrecen ayudas a la rehabilitación y para cubrir deudas no asumidas por antiguos inquilinos.

Uno de los principales retos en este campo es la apertura de una empresa público-privada que construirá vivienda de alquiler asequible, una medida anunciada para el 2017 que se enmarca en el Plan para el Derecho a la Vivienda (2016-2025) presentado por el ayuntamiento a 10 años vista (con lo que un cambio de inquilino en la alcaldía podría llevar a su modificación). El plan cuenta con una previsión presupuestaria en una década de 1.666 millones de euros aportados por el ayuntamiento y contempla la participación de la Generalitat y del sector privado. El objetivo por parte del consistorio es la construcción de 8.854 pisos en este periodo.