El fiscal pide ahora la absolución de la exconcejal Assumpta Escarp

Sorpresa tras sorpresa. Lo nunca visto, al menos, para los juristas presentes en la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), donde este jueves ha quedado visto para sentencia el juicio contra la diputada del PSC y exconcejala del Ayuntamiento de Barcelona Assumpta Escarp y tres técnicos municipales, acusados de un presunto delito urbanístico. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio mantuvo en la tarde del miércoles la acusación contra todos, pero este jueves, vía informe final, ha solicitado, de forma inesperada, su absolución. E, incluso, ha alabado el correcto proceder del consistorio barcelonés al otorgar en julio del 2009 la licencia de obras,  que hasta ahora el mismo fiscal había considerado ilegal, para la construcción provisional del cuartel de los bomberos en el parque Joan Miróparque Joan Miró.

Tanto los abogados de la defensa como los miembros del tribunal se han quedado perplejos cuando el fiscal ha comenzado a lanzar argumentos exculpatorios respecto a Escarp, para quien reclamaba inicialmente ocho años de inhabilitación y multa, y ha “lamentado” la actuación del fiscal que se encargó de la investigación en el juzgado. Y es que desde mediados del 2015, en la causa figura la licencia de obras original (no fue aportada hasta entonces) expedida para la construcción del cuartel en el parque Joan Miró y el documento no esta firmado por la exconcejal acusada, sino por el que en julio del 2009 era teniente de alcalde de Barcelona, Carles Martí. A pesar de la existencia de este documento, la fiscalía no rectificó en su momento y continuó adelante con el juicio.

ACTUACIÓN INSÓLITA

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“Nunca había visto que después de mantener la petición de pena contra los acusados, un fiscal solicite en su informe final su absolución”, ha confesado un abogado presente en la sala. Según este mismo letrado, hasta los miembros de tribunal han tenido que revisar las leyes penales y procesales para ver si el proceder del fiscal (convertido en inesperada defensa) era correcto.

El fiscal Pérez de Gregorio ha justificado este cambio de actitud explicando que la institución que representa está obligada en defender los derechos fundamentales y la legalidad de, según se ha podido comprobar, la actuación de los acusados respecto a la licencia de obras se ajusta a la normativa urbanística. A la vez, ha elogiado la rapidez en que se tramitó el expediente urbanístico. En su informe, ha admitido que se ha acreditado que Escarp no había firmado la polémica licencia de obras y que, por lo tanto, no tenía que haberse sentado en el banquillo de los acusados, como ha pasado.

Sobre los técnicos municipales acusados, el fiscal ha reconocido que no tuvieron en ningún momento la voluntad de incumplir la normativa urbanística cuando redactaron sus informes favorables a la licencia, pues era “evidente” que el cuartel de los bomberos tenía carácter “provisional”. Estas despendencias todavía continúan en el mismo sitio, pero es por otros problemas. La defensa de los cuatro acusados, Lydia Lajara y Rafael Entrena, y la del Ayuntamiento de Barcelona, Emilio Zegrí, lo ha tenido fácil ante este alegato de Pérez de Gregorio. Respecto a Escarp, ha puesto de relieve que no firmó la licencia y en cuanto a los técnicos, que todos ellos actuaron en base a su “buena fe” y el convencimiento de la legalidad de su actuación. Solo ha mantenido la existencia de delito la acusación particular.