13 ago 2020

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Trias, investigado por malversación por haber pagado el alquiler de los okupas en Gràcia

El ayuntamiento abonó 65.500 euros a la inmobiliaria propietaria de la finca durante el 2015

El exalcalde argumenta que la decisión fue ajustada a derecho y que buscaba ganar tiempo para mediar

J. G. Albalat Toni Sust

La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación de oficio (sin denuncia previa) al exalcalde de la ciudad Xavier Trias (CiU) por un delito de malversación, al haber estado pagando durante un año con fondos municipales el alquiler del llamado 'banco expropiado', en el barrio barcelonés de Gràcia, a la compañía inmobiliaria propietaria de la finca. Los pagos a costa del presupuesto municipal ascendieron a 65.500 euros en un año.

El anterior gobierno municipal, de CiU, asumió en enero del 2015 el coste del alquiler del local okupado y convertido en centro social alternativo "ante la inminencia del desalojo". Estaban muy recientes los disturbios que sucedieron al desalojo frustrado de Can Vies (este, de propiedad municipal), en el barrio de Sants, en el 2014, y se acercaban las elecciones municipales de la primavera del año pasado. Trias no quería un nuevo conflcito con los okupas que le incendiara las calles en vísperas de la cita con las urnas.

Los convergentes apuntan que la idea era continuar pagando el alquiler hasta finales del 2015 y mientras tanto "buscar una solución que conciliase el derecho del propietario y el mantenimiento de la actividad del local". Tras las elecciones del 2015, Trias hubo de ceder la alcaldía a Ada Colau, quien se negó a seguir con el pago del alquiler.

NOTICIA EN LOS MEDIOS

La fiscala jefa, Anna Magaldi, ha decidido abrir la investigación a raíz de las informaciones aparecidas en los  medios de comunicación sobre la decisión del anterior alcalde de suscribir un contrato de arrendamiento de un año con la empresa propietaria de la finca, Antartic Vintage, con "el fin de evitar el desalojo del referido local y, por tanto, los eventuales indicentes que pudieran producirse" por parte del colectivo okupa.

El decreto de incoación firmado por la fiscala jefa destaca que también se ha tenido conocimiento a través de la prensa que el nuevo equipo de gobierno municipal surgido tras las elecciones no ha renovado el contrato.

Magaldi argumenta en su escrito que según la legislación vigente corresponde a la fiscalía incoar las diligencias que estime oportunas cuando "tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado". En este caso, ha sido, según la propia fiscala, a través de los medios de comunicación.

En opinión de la fiscalía, los hechos podrían constituir un delito de malversación que, según el Código Penal vigente entonces, cuando se suscribió el contrato, castiga a las autoridades que destinen a "usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones".

“LA SOLUCIÓN MENOS MALA”

Trias ha comparecido este jueves para exponer su versión. El exalcalde ha recordado que la oficina fue ocupada en octubre del 2011, cuando era propiedad de una entidad bancaria, que no instó el desalojo. Pero en el 2014, la propiedad pasó a manos de otro privado, Antartic Vintage, que sí inició el trámite judicial para expulsar a los okupas.

La orden llegó en noviembre del 2014 y tenía que ejecutarse antes de que acabara el año. Entonces, Trias optó por pagar el alquiler a la nueva propiedad tras tener en cuenta varios elementos: “La baja incidencia de quejas vecinales, la buena integración de la actividad del colectivo en el tejido asociativo y la previsión de que un desalojo sería muy conflictivo, como lamentablemente se ha demostrado estos días”, según su propia versión. Los disturbios de Can Vies influyeron: “Aprendimos que es mejor mediar y hacer prevención que hallarse con disturbios”.

GANAR TIEMPO

El consistorio, alega Trias, “tomó la decisión de ganar tiempo para poder mediar. Se habló con la propiedad, la que podía retirar la denuncia, y establecimos un alquiler hasta diciembre del 2015. El expediente administrativo se realizó técnica y jurídicamente de forma impecable, con los informes jurídicos correspondientes”.

El exalcalde lo ha definido como “la solución menos mala”. "Puede gustar o no, pero está ajustada a derecho”. Ha precisado que no se informó a los okupas de que se estaba pagando el alquiler porque no se hacía para beneficiarlos a ellos, sino para ganar tiempo.

Cuando CiU perdió las elecciones y dejó de ser responsable del conflicto, la concejala de Gràcia saliente, Maite Fandos, informó a los okupas de que se estaba pagando el alquiler. Según Trias, para que supieran que les quedaban unos meses para negociar una salida.

El excalcalde, que ha comparecido junto con la mayoría de sus concejales, se ha puesto a disposición de la fiscalía. El gobierno de la actual alcaldesa, Ada Colau, no ha querido comentar este jueves la actuación de fiscalía. Es de prever que lo haga en el pleno municipal de este viernes.