Estafados 50 clientes de una agencia de Sant Joan Despí

La justicia investiga a la propietaria de la inmobiliaria Ail Mar, de Sant Joan Despí, como presunta responsable de un delito de apropiación indebida por el que podría haberse apoderado de 120.400 euros de al menos 50 antiguos clientes, en su mayoría vecinos del barrio de Les Planes. La acusada, M.I.S., aprovechaba que buena parte de estas personas son de edad avanzada y extracción humilde para granjearse su confianza y ofrecerse como intermediaria para trámites y pagos, entre los que se incluía el depósito de fianzas de los contratos de arrendamiento ante el Institut Català del Sòl (Incasòl) y el abono de alquileres. La dueña se apropiaba supuestamente de algunas de estas cantidades, que no llegaban al destinatario previsto.

Del total de la suma, 89.400 euros corresponden a fianzas que debían depositarse en el Incasòl y otros 31.000 al pago de alquileres. Dado que ante la ley el responsable de que el ingreso de la fianza se haga efectivo es el propietario del inmueble, algunos de los afectados se han visto obligados a abonar el depósito preceptivo al Incasòl a la espera de la resolución judicial del caso. La cifra de estos abonos por duplicado para fianzas asciende a 36.400 euros.

IRREGULARIDADES

Las primeras denuncias se registraron en octubre del 2013 en la comisaría de los Mossos de Cornellà, que apreció un modo de operar similar en todos los casos. Los investigadores y el Incasòl inspeccionaron el local y detectaron una treintena de contratos de alquiler sin regularizar, al no haberse ingresado las fianzas que M.I.S. gestionaba previa autorización de sus clientes. Al mes siguiente, los Mossos y el Incasòl organizaron una reunión con los afectados para asesorarles. Entre las víctimas figura incluso una persona que recibía subvenciones sociales para su alquiler social, dada su precaria situación, que ha perdido 5.300 euros.

El caso cobró notoriedad por el barrio y, además, comenzaron a llegar requerimientos del Incasòl para que los afectados ingresaran las fianzas con sus respectivas penalizaciones. Eso explica que a partir del primer trimestre del 2014 se incrementaran sensiblemente las denuncias. «Muchas víctimas son mayores y no han querido preocupar a la familia», sostienen los investigadores.

Los Mossos han trasladado las denuncias al juzgado de Sant Feliu, mientras que la Asociación de Vecinos de Les Planes ha recurrido a un abogado para dar cobertura legal a los afectados. La acusada ya estuvo detenida en abril y septiembre del año pasado. A causa de la presión vecinal, debió cerrar las puertas del negocio hace nueve meses. Desde entonces, ha dificultado su localización al no dar respuesta a tres órdenes de averiguación de domicilio por parte de la policía catalana.