Barcelona ordena retirar una de cada diez terrazas por no cumplir la normativa

Casi un año y medio después de la entrada en vigor de la nueva ordenanza de terrazas de Barcelona, la pedagogía y las alertas amables han dado paso a las sanciones para que todos los operadores cumplan a rajatabla con las reglas del juego. A día de hoy y con 4.775 terrazas en las calles, el ayuntamiento persigue un equilibrio entre este motor económico de muchos negocios de restauración y la convivencia con el peatón ante la creciente presencia de mesas y sillas. Pero aunque el nivel de incumplimientos baja a diario, la reiteración en distintas irregularidades ha llevado al consistorio a ordenar la retirada de 469 terrazas.

De este volumen, que supone casi un 10% del total en la capital, 19 ya han sido desmanteladas de forma forzosa y otras 20 lo serán en breve. Esto sucede cuando el titular del negocio no acata voluntariamente la notificación de cierre que firma el concejal de cada distrito, aunque la mayoría de los empresarios lo han hecho antes de que llegue la comitiva municipal (operarios, Guardia Urbana, inspector y letrado) con un camión para llevarse todo el mobiliario afectado.

El detonante de buena parte de los cierres han sido las condiciones de distancias, que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Así, si en el 2014 se tenían que cumplir aspectos técnicos como no tener elementos adosados a la fachada, no contar con más de una pizarra o atril, no colocar mobiliario auxiliar ni barras, ni publicidad en sus elementos, ni mamparas laterales o mobiliario anclado al suelo, ni nivelar los alcorques..., un año después llegó la hora de aplicar el punto de la norma que alude a la separación entre fachada y terrazas, que no puede ser inferior al 50% de la acera. También fija un mínimo de 1,80 metros de paso para asegurar la accesibilidad de los viandantes. Un trazado que ha descolocado a muchos operadores, acostumbrados a la inercia.

Fuentes de Hábitat Urbano indican que hasta ahora se han inspeccionado 3.870 establecimientos, con un total de 637 expedientes sancionadores y un porcentaje de incumplimientos del 16,4%, considerado bastante positivo por el ayuntamiento. Hace un año las irregularidades eran del 56%, lo que constata un gran esfuerzo por parte de los responsables de bares y restaurantes por ponerse al día.

Cinco comprobaciones

Tras los criterios de distancias introducidos este año, el ayuntamiento está verificando en sus inspecciones cinco epígrafes: que haya licencia concedida, que no se exceda la superficie de ocupación autorizada, que se cumpla el horario general, que se respete el espacio de paso para el peatón y que no se cierre el límite del velador con elementos no autorizados. En este punto, aún son visibles terrazas que cierran por tres lados, lo que no está consentido. Pero en más del 50% de casos, las retiradas se declaran por falta de permisos y ocupación excesiva de la vía pública.

Ese cerco no es visto igual por todos. Son muchos los ciudadanos que se quejan de invasión de negocios en el espacio público, mientras que otros tantos son adictos a esta vía de consumo al aire libre que para muchos empresarios es más importante aún que el interior del establecimiento. Pero el Gremi de Restauració de Barcelona pone el acento en la economía que mueven y alerta de que cerrar cientos de terrazas puede suponer la pérdida de muchos empleos. Con el fin de evitar el inminente recorte, la patronal ha reforzado sus servicios jurídicos y estudia caso por caso denunciado.

Roger Pallarols, su director general, explica que los operadores «todavía tienen muchas dudas», por lo que el gremio recibe del orden de 30 a 40 consultas diarias.

Para Pallarols, existen dos situaciones distintas. Por un lado, la de terrazas que por su propia fisonomía no se pueden recolocar y están condenadas a morir. Podrían ser suficientes para considerar que tal vez «hay que replantear algunos puntos de la normativa» para salvar algunos negocios. «No hay que olvidar que algunos sobreviven gracias a las terrazas», agrega. Por otra parte, hay casos que simplemente obligan a «modificar una configuración» y es ahí donde el gremio apremia a una adaptación rápida para evitar la escabechina de licencias. En todo caso y pese al enfado de muchos operadores, el gremio cree que «existe buena predisposición y complicidad» con la Administración para limar problemas. En enero del 2016 se aplicarán los puntos referentes a la ubicación, y en el 2017, a sanitarios.