Una puerta a la legalización

La prueba piloto empezará en septiembre en Sant Martí con 12 personas, pero el objetivo es que la cooperativa de recogida de residuos genere 30 puestos de trabajo poco después. La docena de empleados saldrán de un proceso de selección entre los casi 600 desalojados de los asentamientos irregulares del distrito en los últimos tiempos. El día de la presentación, ayer, no fue casual. Se cumplía un año del desalojo de la última gran nave en la calle de Puigcerdà en la que vivían y trabajaban unas 300 personas.

Uno de los puntos fuertes de la iniciativa es -según apunta Miquel Esteve, comisionado para la Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona- que ofrece la posibilidad de contratar a personas que actualmente no tienen los papeles en regla pero que pueden acceder a ellos a través de un contrato de trabajo. El detalle es relevante ya que, de las 570 personas atendidas en el Plan de Asentamientos Irregulares, el 60% son irregulares sin posibilidad hoy por hoy de legalizar su situación, el 24% tienen papeles y el 16% están en esa situación irregular pero con posibilidad de acceder a los papeles con un contrato laboral.

Asignatura pendiente

El propio alcalde Trias, quien presentó la cooperativa junto a Jordi Portabella, ideólogo de la misma, admitió que la situación administrativa de estos hombres, la mayoría de origen senegalés, es la «gran asignatura pendiente» del plan. «Deberían tener un permiso temporal. El Gobierno español comete un error no concediéndoselo», apuntó el alcalde, tirando pelotas fuera.

Montse Milà, activista de la Xarxa de Suport als Assentaments, celebró la creación de la cooperativa -«tenemos que aplaudir cualquier iniciativa que cree lugares de trabajo»-, pero lamentó que dé respuesta «solo a una minoría». Milà coincidió con el alcalde en que el gran problema sigue siendo el de los papeles y añadió cifras poco alentadoras: de las 87 solicitudes de permisos de residencia tramitadas por la entidad, las 43 respuestas obtenidas hasta el momento han sido denegaciones.

Milà celebró que un centenar de personas continúen viviendo en alojamientos proporcionados por el ayuntamiento, pero recordó a «los muchos que no siguen en el plan y dan tumbos por la ciudad». Según apuntó ayer el consistorio, de las 267 personas a las que ha proporcionado techo desde la puesta en marcha del plan -disponen de ocho pisos compartidos con 42 plazas y el resto duerme en albergues o pensiones-, actualmente siguen cobijadas en esos lugares 110. El municipio apuntó también que en este tiempo 34 personas han encontrado trabajo y nueve han vuelto a su país.

Los trabajadores de la futura cooperativa de chatarra cobrarán el salario mínimo interprofesional -645,30 euros al mes-, con la posibilidad de «retribución en especies a través de la cobertura de las necesidades básicas, como la vivienda, y que supondría el 30% del sueldo», apuntó la concejala de asuntos sociales, Maite Fandos, quien explicó que el municipio invertirá 274.855 euros para poner en marcha la empresa.