Embolsados y grabados

Tras más de cuatro horas jugando al despiste, cambiando constantemente de itinerario y generando el caos en el corazón turístico de Barcelona, un último reducto de unos 200 jóvenes avanzaba a las 23.30 horas del sábado por la Gran Via cortando el tráfico. El grupo, que unas horas antes había incendiado una quincena de contenedores en las Drassanes, iba hacia Can Vies. De repente, unas furgonetas de la Brigada Mòbil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos, cruzaron a toda velocidad la Gran Via desde la calle de Rocafort para romper la manifestación en dos. Una mitad quedó atrapada entre el corte y los vehículos policiales que cerraban la marcha. La parte delantera del grupo la acorralaron otras furgonetas.

Los agentes bajaron y, tras cortar de lado a lado la Gran Via formando una cadena, se movieron en diagonal hasta cerrar una bolsa con los manifestantes atrapados en la esquina con Rocafort. Ese movimiento es lo que se conoce como embolsamiento, una estrategia policial acuñada en Gran Bretaña para controlar a las masas de hooligans de camino a los estadios de fútbol y que luego se adaptó a las manifestaciones.

«Es una técnica que se utiliza cuando hay un grupo de personas que no sabes a dónde se dirige y quieres controlarla», explica un mando de los antidisturbios. «Una vez que embolsas una mani, entonces decide el de arriba, es decir, el mando o el político, que dice si los identificas o no. Aquí sabíamos que en ese grupo se escondía un núcleo violento», añade el responsable. En total, los Mossos identificaron a 225 personas. Seis, entre ellas dos menores, fueron detenidas. Toni Castejón, portavoz del Sindicat de Mossos d'Esquadra, señala que «hay que acabar con la impunidad de esconderse en un grupo grande tras incendiar coches o contenedores. Han de saber que serán perseguidos».

Técnica importada por Tura

En Catalunya, esa técnica se usó por primera vez cuando Montserrat Tura era la consellera de Interior. Eso sí, normalmente han sido embolsamientos dinámicos, es decir, se rodea la manifestación pero no se impide que se mueva, y se suelen practicar con las aficiones futbolísticas.

Fuentes de Interior sostienen que el movimiento que se realizó el sábado «tenía como objetivo evitar que la manifestación llegara a Sants». En Interior se considera que fue «un éxito», pues se logró poner punto final a la manifestación -luego ya solo siguió un pequeño grupo- sin recurrir a cargas violentas.

Dentro de la Brimo no todo es satisfacción. Algunos consideran que, en global, el dispositivo salió mal, esencialmente porque no se logró evitar que los manifestantes entraran en la Rambla. Más polémica generó el hecho de que los mossos, además de identificar a los jóvenes que quedaron dentro de la bolsa, les obligaran a dejarse grabar si querían marcharse. Se formó una fila y, de uno en uno, se les grabó el rostro y se les obligó a ponerse, en algunos casos a la fuerza, la capucha de las chaquetas que llevaban.

A varios se les obligó a ponerse sudaderas que no eran suyas, sino prendas de ropa que los Mossos habían recuperado de los parterres de la Gran Via. Esas chaquetas las habían abandonado los violentos para evitar ser identificados. También se tomaron imágenes de los zapatos de los retenidos, pues es la pieza que no se cambian.

«Los violentos, en los disturbios, se cambian de ropa constantemente. Llevan de repuesto en la mochila e incluso se la cambian con otra gente», explica el policía. Incluso cuando estaban embolsados, varios se cambiaron de ropa.

Para los Mossos, esta es una manera de ampliar la base de datos policial sobre los jóvenes pertenecientes a grupos que causan disturbios. Interior defiende esa toma de imágenes con el argumento de que la ley de videovigilancia permite que se grabe a los autores de disturbios. No obstante, la medida puede ser de dudosa legalidad. «La policía no puede tomar imágenes, sin autorización judicial, a una persona a la que no se ha detenido», reconoce un mando policial consultado por este diario, que añade: «Un juez dictará que es una prueba nula».

Para el abogado Andrés Garcia Berio, de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció de la Tortura, esas acciones suponen «una violación de los derechos fundamentales», pues no se puede obligar a nadie a dejarse grabar. «No se puede condicionar la privación de libertad a esta diligencia de prueba, que en caso de hacerse debería llevarse a cabo ante su abogado».