Collserola quiere multar a los ciclistas incívicos

En el 2005, dos años antes del Bicing y con el ciclismo urbano en niveles anecdóticos, Collserola impulsó el Proyecto Bici, un manual sobre el uso del parque por parte de este colectivo que contó con la colaboración de ayuntamiento, clubs deportivos y tiendas del sector. Ya entonces se señaló la necesidad de atajar «la incipiente emergencia del ciclismo de descenso, también conocido como free-ride», así como la urgencia de dar a conocer unas normas aprobadas en el 2000 que poca gente sabía que existían y muy pocos cumplían. Han pasado casi 10 años, y la situación es la misma, con el añadido de que la bicicleta ha eclosionado tanto en la calzada como en la montaña de una manera que pocos podían prever. Tras darle vueltas al asunto, el consorcio del parque llegó a la conclusión de que solo un marco legal puede acabar con las incomodidades generadas por una minoría de ciclistas que hacen un mal uso de la sierra de las faldas del Tibidabo. Y eso, además de normas, implica multas que en este caso van de los 100 a los 500 euros.

Para que el reglamento vaya más allá de las buenas intenciones que destilaba el Proyecto Bici, los nueve municipios que rodean Collserola deberán hacer suyo el texto e incluirlo en sus propias ordenanzas, algo que ya están valorando y que tiene todo el sentido porque es la única manera de que por fin exista un marco sancionador que trascienda a la riña y el sermón que pueda soltar un guarda forestal. La infracción más habitual es la de circular por caminos de menos de tres metros de ancho. Es recurrente la queja de un paseante que denuncia que en su paseo matutino o dominical por un pequeño sendero apareció de la nada un ciclista sorteando piedras y bajando a toda velocidad, sin dar los buenos días y pidiéndole con la mirada que se apartase por su bien.

RENUNCIA COLECTIVA / Marià Martí, gerente del consorcio de Collserola, solicita aclarar de entrada que el incivismo «es un fenómeno minoritario», aunque es indudable que las denuncias de ciudadanos que se sintieron agredidos por una bici van en aumento, al margen del daño que se causa a la flora y la fauna cuando se rueda por caminos tan estrechos. «El evidente incremento de usuarios  nos obliga a poner orden, y la única manera de encontrar el equilibrio es que todos renuncien a algo, teniendo en cuenta que en la cadena de respeto, el primero es el peatón». ¿Solución? Implicar a los ayuntamientos del entorno y, sobre todo, a sus policías locales, los que deben vigilar.

Joan Puigdollers, concejal de Sarrià-Sant Gervasi y de Medio Ambiente, asegura que la ciudad está «formalmente de acuerdo con la propuesta», aunque puntualiza que la tienen «en fase de estudio». Admite que el distrito recibe a menudo denuncias de usuarios del parque que se quejan de la «excesiva velocidad» a la que circulan algunos ciclistas por los senderos, pero en todo caso, es un debate, detalla, que deberá tratarse juntamente con los responsables de Movilidad, puesto que será la ordenanza de circulación la que integre los postulados del consorcio.

En Sant Cugat, la teniente de alcalde Cristina Paraira está de acuerdo «en la necesidad de engrasar el parque y darle un buen uso», y adelanta que el consistorio tiene intención de incluir el texto en sus ordenanzas, aunque se hará después de un análisis a consciencia. «No tengo claro si incorporaremos el 100% del texto», avanza. Y en todo caso, considera que antes de empezar a sancionar habría que señalizar bien todos los caminos para que nadie pueda alegar falta de información: «Tenemos que aprobar una ordenanza que realmente se pueda cumplir, porque si no lo hacemos, no servirá de nada». Sobre la vigilancia, señala que la policía local vigila las zonas más cercanas a los núcleos habitados, sobre todo por la constante invasión de jabalís. Sobre la posibilidad de aumentar los efectivos o que incluso entren en el parque, eso es algo que aún no se ha planteado.

PATRULLAS FORESTALES / Barcelona, por su parte, según un portavoz municipal, dispone de «patrullas forestales de los distritos que lindan con la montaña que realizan vigilancias preventivas en Collserola, sobre todo en los meses de verano», poniendo el acento en el control de los jabalís y las conductas que puedan dar origen a un incendio. Puigdollers recuerda que la ciudad ha podido convocar 100 nuevas plazas de Guardia Urbana, con lo que no descarta que algunos efectivos puedan dedicarse a Collserola en exclusiva.

El gerente de Collserola cree que nada de esto tendrá sentido sin la implicación de los ayuntamientos y de sus cuerpos de seguridad. «Si ellos no se lo creen, no habrá nada que hacer», sostiene. «Todo esto puede parecer duro, pero la gente que viene a Collserola olvida a menudo que está dentro de un parque natural», concluye.