La jueza suspende el cierre de una disco para proteger a los 25 empleados

En tiempos de crisis, ¿qué debe prevalecer? ¿El descanso de los vecinos o un considerable puñado de puestos de trabajo? Según a quien se pregunte, y a tenor de lo sucedido en Cornellà, esta es una cuestión político-judicial de complicada resolución. El ayuntamiento de la localidad clausuró en mayo la discoteca Capitolio, alegando que superaba el aforo máximo permitido. Ahora, casi un mes después, una jueza ha decidido que el cierre debe revocarse porque prevalecen los 25 empleos que dependen directamente del local. La polémica y la jurisprudencia están servidas.

El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón (PSC), decretó el cierre del local el 18 de mayo. La decisión fue una bocanada de aire fresco para los vecinos del polígono Can Femades, decenas de familias que viven en edificios situados en L'Hospitalet, justo enfrente de este foco del ocio nocturno del área metropolitana. La discoteca trasladó el dictamen municipal al ámbito judicial, y cuatro días después, la magistrada del juzgado contencioso-administrativo número 4 de Barcelona levantó la clausura. El consistorio recurrió la resolución, pero la jueza ha vuelto a dar la razón al dueño del local nocturno.

MULTA DE 7.000 EUROS / El fallo, que sí mantiene una multa de 7.000 euros por superar el aforo permitido, estipula que el cierre del recinto «no solo supone un perjuicio para el propietario, sino para las personas dependientes del mismo». «En una crisis coyuntural como la que está sufriendo este país, no puede permitirse que una resolución de la alcaldía deje a estas personas sin la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo», añade la magistrada.

Fecasarm, una de las patronales catalanas del ocio nocturno, juzgó ayer «muy positivamente» esta resolución «pionera» y aplaudió que la jueza «dé al gremio el reconocimiento de sector económico empresarial que merece». Joaquim Boadas, secretario general de este organismo, añadió la necesidad de revisar los aforos fijados en las licencias de los locales e invitó a la Generalitat a reformar la ley que limita el tiempo que un local puede permanecer cerrado por orden de un alcalde.

La sala Capitolio es la más polémicas de cuantas ocupan el polígono Can Femades de Cornellà porque es la más cercana al barrio del Centre de L'Hospitalet, donde los vecinos llevan años quejándose amargamente del ruido y el incivismo de los jóvenes que frecuentan la zona durante las noches del fin de semana.

La jurisprudencia que pueda generar este caso es toda una incógnita. Locales como Bailén 22 o la discoteca La Canela del Heron City podrían haber evitado la clausura en el caso de que el juez hubiera echado mano de esta sentencia. Expertos juristas consultados por este diario calificaron ayer el fallo de «populista y controvertido», y se preguntaron «hasta qué punto un supuesto interés general como es luchar contra la crisis puede prevalecer sobre una norma municipal escrita».