Una trama defraudatoria

El juez Pablo Ruz acordó este viernes sentar el banquillo al actual presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu; a su antecesor en el cargo, Sandro Rosell y al club por un delito societario y tres delitos fiscales por el fichaje de Neymar. El magistrado sostiene que Rosell "lideró" la operación y que sus gestiones se aceleraron para que el delantero formara parte de la plantilla en febrero del 2013, después de una reunión mantenida con Tito Vilanova en la que también participó Bartomeu como vicepresidente deportivo.

A partir de este momento, según el togado, Rosell "desplegó la actividad necesaria" para hacerse con la ficha del brasileño. E ideó un "entramado defraudatorio" que luego continuó Bartomeu, al asumir la presidencia azulgrana, para "eludir" o aminorar de "forma subrepticia" el pago a Hacienda. Además, el juez afirma que ambos ocultaron a los socios la cuantía real de este fichaje, que Ruz eleva a 83 millones, a los que hay añadir los 13 que, según la Agencia Tributaria, fueron defraudados.

LA NEGOCIACIÓN

La contratación fue al margen de la junta

El magistrado asegura en su auto que Rosell dirigió las negociaciones para contratar a Neymar en el 2011 y que junto a Bartomeu firmó un contrato por 40 millones para que se incorporara a la plantilla en el 2014. Sin embargo, "atendida la evolución y proyección" del futbolista y "al existir otros clubs" interesados en fichar al jugador, se adelantó la contratación al 2013, motivo por el que "se le ofreció más dinero". Esta decisión se adoptó en febrero del 2013 y "no contó con la autorización de la junta directiva". Rosell tampoco informó de esta operación a la asamblea de socios celebrada en octubre del 2013.

EL FICHAJE

El pago se fragmentó en 11 contratos

Ruz afirma que los máximos responsables del Barcelona decidieron "mantener públicamente" que el contrato del juzgador alcanzó los 40 millones, a los que debían sumarse los 17 que se abonaron al Santos (el club brasileño donde jugaba Neymar) para adquirir los derechos federativos del delantero. De este modo, según el magistrado, se ajustaban "a la partida destinada a fichajes" que el club había limitado a 70 millones. Por ello, fraccionaron los pagos en 11 contratos que finalmente supusieron unos ingresos para el jugador desde el 2011 hasta el 2013 de 83.371.000 euros. A estas cantidades hay que sumar un salario durante cinco años de casi 46 millones.

LOS DELITOS

El Barça debe tributar en el erario español

El togado de la Audiencia Nacional subraya en su resolución que el delito fiscal es "uno de los más genuinos ejemplos de delitos económicos" y que con su persecución se persigue "proteger a toda la política económica y social". Subraya además que el Barça tiene la obligación "de contribuir ante la Hacienda Pública española" por los abonos que ha realizado al delantero. Por ello, rechaza que el club azulgrana se acoja al convenio con Brasil para no pagar las retenciones de los cinco millones que abonó al astro en enero del 2014. "Las rentas satisfechas por una entidad española al deportista por su actuación en España quedan sometidas a tributación en España", apostilla el juez sobre este aspecto.

EL FUTURO

Recursos ante la sala penal de la Audiencia

Rosell, Bartomeu y el Barça pueden recurrir la decisión del juez Ruz ante la sala penal de la Audiencia Nacional y ante el propio magistrado. Ayer, pocas horas después de conocer la resolución, al Barcelona anunció a través de un comunicado que piensa "hacer todo lo posible para restablecer" su reputación. En la nota, el club también subraya que hasta ahora "ha sido especialmente cuidadoso con las formas en este desgraciado asunto". Por su parte, el fiscal y el abogado del Estado disponen de un plazo de 10 días para presentar sus escritos de acusación. Los delitos fiscales y el societario están castigados con penas de prisión.