Fiscalía descarta la existencia de una delictiva 'Caja B' de falsas horas extra en la Guardia Urbana de Badalona

Lo concluye así la Fiscalía Provincial de Barcelona, que en un profuso y exhaustivo decreto de archivo recientemente notificado al que ha tenido acceso exclusivo EL PERIÓDICO decreta el archivo de su investigación penal, iniciada a finales de junio del pasado 2022, contra catorce mandos y agentes policiales (entre ellos, el superintendente Conrado Fernández o el Intendente Mayor Félix Martínez) de Badalona por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público da así carpetazo a las pesquisas iniciadas a raíz de la denuncia ante el Ayuntamiento de Badalona del sindicato Plataforma Sindical Unitaria (PSU) el 23 de noviembre del 2021, con el consistorio ya bajo el mando político de Rubén Guijarro (PSC) tras desalojar vía moción de censura a Xavier Garcia Albiol (PP) -hoy de vuelta a la alcaldía- por su aparición los 'Pandora Papers'. La denuncia sindical hacía referencia a supuestos cobros irregulares percibidos en plazos comprendidos entre enero del 2020 y agosto del 2021, periodo político a caballo entre mandatos de Álex Pastor (PSC) y Albiol.

La denuncia del sindicato PSU, a la que prosiguió una indagación de la Unidad de Investigación Interna de los Mossos d'Esquadra, se fundamentaba en que los mencionados catorce agentes se habrían embolsado un total de casi 200.000 € en concepto de horas extras y pluses cobrados ilícitamente. Ahora la Fiscalía rechaza esta hipótesis descartando el reproche penal contra los hechos denunciados, y concluyendo que no encajan en los tipos de los ya citados delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Pese a ello, ahora bien, el Ministerio Fiscal hace hincapié en que, de la misma forma que no puede acreditarse que las horas extras no se prestaron efectivamente, tampoco "pueden descartarse rotundamente eventuales desviaciones en su imputación y posterior gratificación", y ello se debe a los "escasos y deficientes medios implementados por el Ayuntamiento de Badalona para el control de los hechos objeto de denuncia", critica Fiscalía a la aministración local en términos estructurales, dejando patente que la carencia no únicamente afecta a los denunciados sino a "otros muchos funcionarios", entre los que destaca a un representante del propio PSU.

A consulta de este diario, la concejala de Recursos Humanos de Badalona, Eva Guillén (PP), admite que "es evidente que el actual sistema no funciona, y no funciona porque tenemos un convenio que se aprobó entre los sindicatos y el Ayuntamiento del 2010 en el que la mitad de la plantilla de la Guardia Urbana hace vacaciones en julio y la otra mitad en agosto".

Guillén sostiene que la voluntad del Gobierno municipal es "sentarnos con los sindicatos y hablarlo", ya que "cuando el resto de ayuntamientos grandes se reparten las vacaciones en cuatro o cinco meses, en Badalona dejamos a la Guardia Urbana sin la mitad de sus efectivos en verano, justo cuando hay más gente en la calle".

Falta de un control horario informático

El Ministerio Público no deja en su decreto de archivo en buen lugar a los mecanismos internos para el control horario del Ayuntamiento de Badalona, los cuales critica hasta el punto de afirmar que ni siquiera "el propio consistorio podía llevar a cabo las debidas comprobaciones".

Tanto es así que, pese a descartar la vía penal, Fiscalía deja la puerta abierta a la vía administrativa con respecto a algunos hechos denunciados, los cuales tilda en su decreto de archivo de "anomalías" y "contradicciones": "Un proceder que puede ser objeto de enmienda en vía administrativa", precisa Fiscalía en relación a la prestación de servicios de un subinspector registrada mientras éste estaba de baja.

Por ejemplo, el Ministerio Fiscal advierte un "notable incremento" de horas extraordinarias de 2019 (390) al 2020 (1.638) y al 2021 (1.353), así como tilda de "sorprendente" que un 80% de las horas extras imputadas a Jefatura corresponden a los días lunes y viernes, planificados para potenciales festivos. Como argumentos de defensa, Fiscalía hace acopio de las justificaciones de un intendente, que vincula los incrementos a la cobertura de la baja de un subinspector.

En ese sentido, Fiscalía pone también en valor un informe en el que el superintendente Conrado Fernández alude al "problema estructural" de déficit de efectivos en la Guardia Urbana de Badalona, carencia por la que justificaba el incremento de horas extraordinarias. Dicho déficit lo ha asumido el propio alcalde Xavier García Albiol (PP), que recién llegado al consistorio ha convocado unas oposiciones para incorporar a 46 nuevos agentes.

Como argumentos de su tesis crítica, Fiscalía cita un informe del Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA (octubre del 2021) que concluía la falta de existencia de un mecanismo de control horario informático en el consistorio para su Guardia Urbana, relegando a "único instrumento de control individualizado" el boletín de control de horas extraordinarias en formato papel, un documento interno de la Guardia Urbana. Fuentes sindicales consultadas aseguran tener constancia de que el consistorio "ya trabaja por una informatización de los controles horarios".

También le sirve de apoyo al Ministerio Fiscal un informe (febrero del 2022) en el que la Interventora General del consistorio advertía de la falta de control interno recomendando la implementación de medidas como implantar un sistema automático de registro de la jornada extraordinaria; mejorar el procedimiento de justificación de los conceptos variables abonados; reordenar las retribuciones complementarias abonadas; e impulsar un proceso de negociación colectiva que permita alcanzar acuerdos para evitar la dispersión normativa.

Un episodio de la batalla sindical en Badalona

El de las horas extras es uno de tantos episodios de la batalla sindical en la Guardia Urbana de Badalona: mientras que el denunciante del caso es el PSU, los agentes denunciados están afiliados al SIP (Sindicat Independent de la Policia Local) y sobre todo al SICPOL (Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunyas), ambos integrados en la federación FEPOL (Federació de Professionals de la Seguretat Pública) y con los cuales el PSU está en permanente disputa.

Es en ese contexto donde encaja la querella (ya archivada el pasado junio) contra el exteniente de alcalde de Recursos Humanos Manel Sorribas (ERC), que cuando estuvo en el Gobierno local pidió abiertamente dimisiones en la cúpula de la Guardia Urbana. La acción penal fue interpuesta en aquel caso por el sindicato SICPOL, que le acusaba de inacción frente a una "huelga encubierta" de la plantilla. El juez, sin embargo, no consideró que a Sorribas le fuera atribuible responsabilidad penal por los hechos de los que se le acusaba.

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Ante el archivo de la investigación de Fiscalía, el sindicato SICPOL ha emitido un comunicado acusando al PSU de "falta de profesionalidad y escrúpulos", y anunciando asimismo estudiar acciones legales para preservar su derecho al honor "y el de todos los compañeros que se han visto perjudicados por estas circunstancias".

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