La Audiencia juzgará a partir del lunes a un exconcejal del PP en Badalona y a varios empresarios por obras ilegales

La Audiencia tiene previsto juzgar a partir de lunes a un exconcejal del PP del Ayuntamiento de Badalona y a varios empresarios por haber hecho obras ilegales a nombre del consistorio entre 2011 y 2012. La fiscalía pide para el exedil David Gómez dos años y tres meses de prisión y nueve de inhabilitación por delitos de prevaricación y fraude a la administración, y penas similares para diez personas más. En concreto, se juzgarán una treintena de obras valoradas en cerca de un millón de euros, que no se llegaron a pagar. Uno de los trabajos fue en casa de una excoordinadora del PP y se intentó imputar el coste al Ayuntamiento, camuflando una factura por obras inexistentes en la vía pública.

Gómez accedió en el gobierno municipal a raíz de las elecciones municipales de 2011 y fue nombrado concejal de Servicios Sociales y Salud, además de vicepresidente del Institut Municipal de Serveis de Personal (IMSP) y de Badalona Serveis Socials, entre otros. Mantuvo sus cargos hasta octubre del 2012, cuando fue expulsado del gobierno municipal y del partido. Como edil tenía capacidad para adjudicar contratos de hasta 120.000 euros.

Según la fiscalía, a pesar de saber que vulneraba la normativa administrativa de contratación, Gómez contrató diversas obras menores y mayores en locales municipales del distrito 6 de la ciudad, del cual él era edil. Lo hizo, siempre según la fiscalía, de manera verbal y sin informes técnicos que justificaran la necesidad. Esto lo hizo de forma concertada con cuatro empresas adjudicatarias y sin seguir ningún procedimiento administrativo. El distrito 6 incluye los barrios de Artigas, Sant Roc y el Remei.

Conscientes del delito

El escrito del ministerio público asegura que tanto los empresarios como el regidor eran conscientes de que el importe de las obras habría requerido un procedimiento público de contratación. Los empresarios entregaban las facturas directamente y en mano o por correo electrónico al concejal, "señalaban un concepto que no siempre se correspondía con la realidad de las obras realizadas" y "siempre indicando un coste por encima del precio de mercado o fraccionando deliberadamente el objeto del contrato y su importe".

De este modo, se simulaba que el contrato podía ser adjudicado como contrato menor. Para hacerlo, algunas obras no se hacían o solo se hacían parcialmente, se facturaban por importes superiores a los del mercado o se eludía cualquier rastro documental. En este último caso, el edil encargaba las obras sin orden previa del consistorio, sin partida presupuestaria. Por eso, los presupuestos y facturas de las empresas iban a nombre del Ayuntamiento, pero sin indicar el departamento ni la partida presupuestaria que lo pagaría.

De hecho, no se hacía ningún estudio de viabilidad, memoria, expediente o informe sobre la justificación o finalidad del gasto y las obras, no había asignación presupuestaria concreta, no se ponía a exposición pública ni había actos de comprobación de las obras. Tampoco se hicieron estudios de impacto ambiental, seguridad o salud.

Entre la treintena de obras irregulares, las empresas reclamaron más de 950.000 euros al ayuntamiento badalonés, pero el consistorio no las pagó. Por todo esto, la fiscalía les acusa de prevaricación y fraude a la administración pública, con el atenuante de dilaciones indebidas. El juicio, con cerca de unos cincuenta testigos, durará hasta finales de junio.

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