Querella contra un concejal de Badalona por "ocultar" expedientes a policías

El Sindicato de Mandos de las Policías Locales de Catalunya (SICPOL) se ha querellado contra el concejal de Recursos Humanos de Badalona (Barcelonès) por "ocultar" quince expedientes de información reservada a agentes de la policía local y por su inacción ante una "huelga encubierta" en el cuerpo.

En la querella, a la que ha tenido acceso EFE, el sindicato de mandos atribuye al quinto teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Recursos Humanos el Ayuntamiento de Badalona, Manel Sorribas, los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delitos y fraude a la Seguridad Social.

El Ayuntamiento de Badalona ha rechazado valorar la interposición de esta querella, mientras que Sorribas ha indicado a EFE que no ha recibido ninguna notificación oficial y que no se pronunciará hasta que haya podido analizar el documento.

El SICPOL subraya en su escrito que la Guardia Urbana de Badalona ha efectuado un total de 17 procedimientos de investigación interna desde 2020 por acciones que podrían ser constitutivas de infracciones disciplinarias graves o muy graves e incluso delictivas por parte de algunos agentes del cuerpo y que, una vez finalizados, los expedientes fueron traspasados al máximo responsable de Recursos Humanos, que solo abrió dos expedientes disciplinarios, de los cuales uno ha prescrito.

Según la querella, interpuesta ante los juzgados de Badalona, donde está pendiente de reparto, el concejal, "con pleno conocimiento y con voluntad de hacerlo", ha "ocultado" y "escondido" los otros quince procedimientos de información reservada, cuya resolución era de su competencia.

De hecho, en algunos de los expedientes que se hicieron llegar al quinto teniente de alcalde se advertía de la necesidad de dar cuenta de su contenido a la autoridad judicial, ante la posibilidad de que se tratara de un hecho delictivo.

Expedientes

Según la querella, pese a que los mandos de la Urbana de Badalona solicitaron que se diese el "impulso necesario" a estos procedimientos, el área de recursos humanos dirigida por el querellado no adoptó las "medidas necesarias".

De los 17 procedimientos de información reservada, solo consta que el querellado incoara en dos casos los correspondientes expedientes disciplinarios, uno de ellos a un agente que presuntamente perdió su arma reglamentaria en un cine y lo ocultó a sus superiores.

El otro expediente ha caducado por exceder el plazo legal de seis meses para tramitarlo, por causas "totalmente" ajenas al instructor y sí "directamente imputables" a la "inacción injustificada" del departamento de Recursos Humanos, según la querella.

De los otros quince procedimientos de información reservada no se ha derivado por parte el querellado la apertura de ningún expediente disciplinario, "con el riesgo de prescripción" de las infracciones supuestamente cometidas por los agentes, algunas de ellas presuntamente de naturaleza penal, según la querella.

Paralelamente, el SICPOL también sostiene que el querellado no ha activado "ningún tipo de gestiones" para investigar una supuesta "huelga encubierta" por parte de algunos agentes de la policía local de Badalona, pese a que "podía tener indicios suficientes" de que algunas de sus conductas podían ser constitutivas de delito.

La "huelga encubierta"

En concreto, durante noviembre de 2022, casi el 40% de la plantilla pidió la baja laboral, en un caso en el que, según la querella, existen "suficientes indicios" que apuntan a una "posible huelga encubierta" que, más allá de los "perjuicios causados a la seguridad pública", podría suponer un delito contra la Seguridad Social.

De hecho, el departamento de Alcaldía de Badalona acordó abrir una investigación interna para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias o incluso penales, después de que el 10 de noviembre 2022 se presentaron de golpe en la policía local 70 bajas médicas por indisposición, lo que se ha ido reiterando de forma periódica posteriormente.

Según la querella, el impacto de estas bajas en una plantilla de 234 miembros motivó que, debido a la falta de efectivos, se tuviese que contratar por vía de urgencia un servicio de seguridad privada para efectuar determinados servicios y que durante varios días se hayan tenido que derivar la práctica totalidad de los requerimientos a los Mossos d'Esquadra.

El SICPOL subraya que en la resolución que acordó la contratación excepcional por emergencia de un servicio de vigilancia a tres edificios municipales -entre ellos la sede del consistorio-, se acordaba trasladar a Recursos Humanos toda la información para que pudiera abrir una información reservada para comprobar los hechos, aunque no consta que lo haya hecho.

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