Badalona declara nulo el contrato con Cruz Roja prorrogado de forma indebida durante el mandato de Albiol

El pleno de Badalona (Barcelonès) ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria declarar nulo el contrato con Cruz Roja por la gestión del Banco dels Alimentos local, prorrogado durante el mandato de Xavier Garcia Albiol de forma indebida.

Se trata de una adjudicación ampliada sin licitación entre junio de 2020 y noviembre de 2021 por 2,17 millones de euros. Con la declaración se reconoce la correcta realización de la tarea asignada a Cruz Roja y se reconoce extrajudicialmente el crédito derivado de los compromisos de gasto adquiridos en favor de la entidad.

El entonces exconcejal de Servicios Sociales, Miguel Jurado, admite que posiblemente se equivocaron ampliando el contrato, mientras que el alcalde, Rubén Guijarro, se ha reservado la potestad de tomar las medidas pertinentes.

Distribución de alimentos

La adjudicación comprende el período entre el 21 de junio de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, aprobado a partir de un decreto de alcaldía del 22 de abril de 2020 para que Cruz Roja asumiera las tareas de distribución de alimentos a las familias en riesgo de exclusión.

Se hizo de acuerdo con el amparo establecido en el primer estado de alarma de la pandemia, pero la licitación no se realizó a través de la tramitación correspondiente, es decir, sin publicarse en el perfil de contratación pública del consistorio.

"El decreto de emergencia del alcalde se establecía en el período de covid y en el marco de sucesivas prórrogas, y entendíamos que con esta declaración inicial se cubría el contrato", ha señalado Jurado, ahora concejal en la oposición, en su intervención en el pleno, que se ha celebrado de forma telemática.

"Posiblemente me equivoqué yo al pensar que se hacía bien", ha admitido el responsable de los Servicios Sociales durante el último mandato de Xavier Garcia Albiol.

Sin embargo, para no dañar a la entidad, el PP se ha sumado a las fuerzas del gobierno local para aprobar la nulidad del contrato, lo que permitirá que Cruz Roja cobre los importes pendientes de pagar. De hecho, el actual gobierno trasladó el contrato al Tribunal de Cuentas, que ha validado que no se hizo en las condiciones correctas.

Posibles consecuencias

Por este motivo, el alcalde, Rubén Guijarro (PSC), ha adelantado que el ejecutivo local se reserva la potestad de realizar las gestiones que considere correspondientes si se entiende que se ha obrado de forma indebida. "En beneficio del interés público, el gobierno tomará las medidas que crea necesarias", ha señalado.

En este sentido, ha reprochado a los populares que consideren que se hace un uso político de este contrato para atacarlos. "Hay miembros de este gobierno que están en Fiscalía por temas como la asignación del Campamento Real, y es el Partido Popular quien se lo ha llevado", ha apuntado.

"Si procede que se amplíen las investigaciones por el interés público, por supuesto que se hará, y si todos tenemos la conciencia tranquila no habrá ningún problema en instruir las investigaciones correspondientes", ha concluido Guijarro.

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