Badalona afronta este lunes el cuarto cambio de alcalde en seis años

Badalona afrontará este lunes su quinto pleno de investidura en tan solo seis años, un hecho que refleja la profundidad de la inestabilidad política en la que vive sumida la ciudad. Para entender el vaivén político que impera en el municipio, una vez la moción de censura a Xavier García Albiol (PP) prospere, Rubén Guijarro (PSC) se hará con la vara de mando del consistorio y, con esto, desde 2018 Badalona habrá tenido cuatro alcaldes, cinco gobiernos, y habrá vivido dos mociones de censura.

La moción -propiciada tras la aparición de Albiol en los 'Pandora Papers- ha sido el único punto que ha contado con el acuerdo de los cinco grupos de la oposición: PSC (6 concejales), Guanyem (4), ERC (3), En Comú Podem (2) y Junts (1). Sin embargo, a la hora de formar un gobierno alternativo al del PP, Guanyem ha quedado fuera y esto supone que el nuevo ejecutivo cuatripartito tendrá que gobernar en minoría, ya que solo suma 12 de los 14 concejales necesarios para la mayoría absoluta.

De este modo, el nuevo ejecutivo local arrancará con tan solo un año y medio de margen para trabajar –hasta las municipales de 2023- y con la necesidad de apoyarse en socios externos para sacar adelante el mandato. Sobre esto, en una conversación con este diario, el presidente de la Federació d’Empresaris de Badalona, Josep Maria Puente, advertía: “Cada partido intentará demostrar antes quién es y poner sobre la mesa cosas que a los demás les molesten para marcar territorio”.

Sin embargo, Christian Carneado (PSC) defiende que los cuatro partidos trabajarán conjuntamente “hasta el último día y el último segundo” y que no les preocupan las elecciones. En la misma línea se expresa la presidenta de los ‘comuns’, Aïda Llauradó, quien reitera aspiran a que sea un proyecto “que se consolide” más allá del mandato restante.

La primera misión del gobierno del socialista Rubén Guijarro será aprobar los presupuestos para 2022, dado que los últimos datan de enero de 2019

David Torrents (Junts) remarca que pueden tener diferencias entre ellos, pero que eso “no supone un riesgo para el gobierno”. “Si no hay un descalabro político a nivel nacional, yo seré fiel al gobierno”, añade Torrents en relación al proceso independentista. Por su parte, Àlex Montornès, presidente de la sección local de ERC, es consciente de que las diferencias internas les podrían pasar factura y que si en 2023 quieren evitar una nueva alcaldía de Albiol, ganador de las tres últimas elecciones, “cualquier alternativa pasa por un entendimiento” entre los partidos firmantes de la moción.

Sin la gobernabilidad asegurada

El primer objetivo será aprobar los presupuestos ordinarios para 2022, dado que los últimos datan del 30 de enero de 2019. A priori, el socio principal del nuevo gobierno será Guanyem, que previo a firmar para la moción explicó que, por cómo estaban avanzando las negociaciones, su grupo no formaría parte del gobierno entrante porque “no había suficiente confianza”, pero que daría apoyo al ejecutivo entrante desde fuera.

No obstante, tras la firma de la moción, Guanyem volvió a insistir en un gobierno de concentración y la presteza con la que los otros cuatro grupos de la oposición acordaron un gobierno sin incluirles ha molestado en las filas del grupo, desde donde señalan que “la gobernabilidad no se puede garantizar así como así”.

En este sentido, desde Guanyem advierten que los proyectos que quiera aprobar el nuevo ejecutivo liderado por Guijarro deberán contar con el visto bueno de Guanyem -o del PP- si pretenden prosperar.

Retos a encarar

Sobre los presupuestos, el ejecutivo tiene el problema añadido de la suspensión del impuesto de la plusvalía, que supone entre 9 y 14 millones de euros de ingresos, dependiendo del año. Con esto, de cara a próximas negociaciones, Guanyem avisa: “A ver de dónde recortan dinero, porque si aumentan gasto en cámaras de seguridad nos tendrán en frente; no podrán aprobar estos presupuestos.”

Además, distintas fuentes municipales explican que todavía quedan algunas aristas por limar entre los propios socios de gobierno. Son ejemplo de ello: los debates sobre cómo se deberá actuar en casos como la demolición de la fábrica Mobba; qué hacer con la Unidad Omega, la “unidad de intervención rápida” de la Guardia Urbana; o cómo proceder con la situación del club de baloncesto Sant Pep, que tiene su pabellón cerrado por la denuncia de un vecino y que puede ser desahuciado.