Desahuciada una familia de Badalona sin alternativa habitacional en plena pandemia

Karla Ávila espera junto a un puñado de maletas y bolsas de mano frente a un portal ubicado en el número 1 de la calle Huelva de Badalona, en el barrio de Sant Roc. Este jueves 30 de julio ha sido desahuciada junto a su hermana y su cuñada y explica que no tienen a dónde ir y que tampoco tienen recursos porque desde el confinamiento no han podido trabajar.

Además, Karla asevera que su cuñada llevaba dos días aislada en una habitación del domicilio porque tenía fiebre, pero que no ha llegado a hacerse la prueba de la covid-19 porque al no tener papeles ni tarjeta sanitaria tenía que pagar por el test. “Ahora tampoco podemos ir al hospital, no tenemos qué hacer con las cosas, no las podemos dejar aquí”, lamenta Karla.

Según explican desde la Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC) de Badalona y la propia Karla, tenían “un contrato verbal” con los propietarios y pagaban mensualmente el alquiler -primero de 400 y luego de 500 euros- desde que se empadronó en marzo de 2017. “Parece ser que los propietarios, particulares, no pagaban la hipoteca y que, después de mediar con el BBVA, acordaron denunciar a las inquilinas para que el propietario pudiese recuperar el piso y saldar la deuda a través de la dación en pago”, afirma Luis Ros, miembro de la PAC Badalona.

Aunque este diario ha preguntado por estos hechos a una de las propietarias del inmueble, esta ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

Desahucio ejecutado

Al desahucio han acudido miembros de distintas plataformas sociales, de Guanyem Badalona En Comú y vecinos del barrio, pero no han podido detenerlo. “La vivienda que ocupaba es actualmente propiedad de un privado, lo que ha imposibilitado que su abogado y ella pudieran hacer nada ante el desahucio”, defienden desde el consistorio badalonés.

Desde las entidades sociales explican que han tratado de negociar con el juzgado para aplazar el desahucio a la espera de que la persona sospechosa de coronavirus pudiera hacerse la prueba, pero no ha sido posible.

Alberto Lobera, del Sindicat de Llogaters de Badalona, denuncia que se produzcan desahucios en un municipio que en 2011 censó cerca de 9.000 pisos vacíos y “más ahora, que la gente a la que desahucian se queda sin opción a confinarse y eso comporta un riesgo para la salud pública”. El mismo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, señalaba hace unos días que el barrio de Sant Roc era uno de los que más contagios habían registrado.

Sin lugar al que ir

Desde el Ayuntamiento dicen que Karla Ávila, de nacionalidad hondureña, fue atendida por primera vez por los servicios sociales en enero de 2019 y que entonces “se constató que estaba ocupando la vivienda donde se había empadronado”, una situación que deriva del alquiler irregular por falta de contrato escrito. Así, señalan que el ejecutivo local no tiene constancia de que haya hecho ninguna petición de asilo ni de refugiada.

También indican que Karla aportó por primera vez las diligencias judiciales del desahucio a Servicios Sociales “este martes 28 de julio de 2020” y destacan que “no se ha podido constatar en ningún momento su nivel de ingresos ni la actividad que realiza porque no ha asistido a las citas que se han concertado con los Servicios Sociales del Ayuntamiento”.

Carla lo niega y afirma que tan solo faltó a la cita que tenía el pasado 21 de julio. “Estuve ingresada por una hemorragia y llamé a la asistenta social para decírselo. Hace dos días llevé los comprobantes y me dijeron que me llamarían, pero no se pusieron en contacto ni con mi abogado”, defiende Karla Ávila.

“Los desahucios sin alternativa habitacional no deberían ser legales, pero en la práctica lo son. Supuestamente, las personas desahuciadas deben pasar a la Mesa de Emergencia, pero Ayuntamiento y Generalitat llevan años sin hacer nada”, manifiesta Lobera. "Tampoco ha acudido nadie de Servicios Sociales al desahucio, algo que ocurre con frecuencia", añade.

Desde la PAC afirman que no han querido derivarlas al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) o algún otro centro porque todavía desconocen si una de las mujeres desahuciadas tiene o no covid-19. “Si la administración no responde y se confirma que no tienen coronavirus, buscaremos como realojarlas, pero como tienen que estar en cuarentena… nos encontramos con las manos atadas”, lamenta Luís Ros.

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