Dos fisuras en el muro

La política es también un juego de errores. El independentismo catalán busca fisuras en el monolítico entramado jurídico español que le permita llegar a un nuevo estadio y Estado. Y creen haber encontrado dos. El  primero es que el Gobierno no recurriera las elecciones del 27-S o bien los programas electorales de Junts pel Sí y la CUP en los que dejaba bien claro qué harían en caso de victoria, es decir, proclamar la independencia, como estipulaba tanto la llamada hoja de ruta de la coalición CDC- ERC, como la DUI que propugnaba la CUP. Ese pilar es que sustenta todo el entramado que están levantando los arquitectos del referéndum. El programa no está suspendido y obtuvo la mayoría del Parlament.

Es decir, el trayecto entre el 27-S y el momento de la votación de la ley de desconexión, puesto que nadie puso un pero en su momento, es legal, en la visión de los independentistas. Y como que una vez aprobada la desconexión ya no se estará en un escenario autonómico, sino soberano por lo que no cabe, por ejemplo, publicar esta declaración susurrada de independencia en el boletín oficial del Parlament, como no lo hicieron los kosovares en su día.

LA MOCIÓN DE SÍ QUE ES POT

El segundo presunto error es más reciente. De cuando el debate de política general y, en concreto, de sus resoluciones aprobadas. Hubo una, la que apoyaron Junts pel Sí y la CUP a favor de la celebración de un referéndum de independencia "como muy tarde en septiembre del 2017" que tuvo poco vuelo. El Ejecutivo la llevó al Tribunal Constitucional el 14 de octubre por entender que  esa nueva declaración vulnera la sentencia del propio TC del pasado 2 de diciembre, en la que los jueces anularon por unanimidad la declaración de ruptura que la Cámara catalana aprobó el 9 de noviembre. 

Pero en ese debate del Parlament se aprobó otra resolución, la de Catalunya Sí que es Pot (con el apoyo de JXSí) en la que se aboga por intentar tejer las necesarias complicidades precisas para realizar un referendo de acuerdo con el Estado. Este texto no fue recurrido por el Gobierno y por tanto, al no estar suspendido, está plenamente vigente.

¿Por qué es clave esta resolución? Mentras no se promulguen las leyes de desconexión, cualquier movimiento que solo estuviera amparado por la resolución suspendida sería ilegal. Ahora bien, si se pone bajo el paraguas de ‘preparativos de un referéndum pactado’ todos aquellos movimientos encaminados a preparar la cita con las urnas, habida cuenta que la convocatoria unilateral se hará cuanto más tarde mejor, quedan blindados. Eso da cobertura a campañas de movilización, constitución de juntas electorales y un largo etcétera siempre para el supuesto referéndum ‘pactado’, cuando en verdad lo son para el unilateral.