Energía en comunidad

Esta semana se han puesto en marcha las dos primeras convocatorias de ayudas del proyecto estratégico (PERTE) de renovables, hidrógeno verde y almacenamiento dirigidas a impulsar proyectos piloto de las llamadas comunidades energéticas. Esta figura, a través de la cual la ciudadanía tiene un rol activo en el sector frente a las grandes compañías, empieza a extenderse por España, a falta de una legislación específica.

"Estamos inmersos en una transición energética que sabemos cuál es su final, lograr las cero emisiones, pero para eso no solo hay que cambiar las tecnologías y las emisiones, sino que también hay que cambiar la estructura. Y esto no se puede hacer eliminando solo las nucleares y el carbón, sino impulsando las renovables desde el ámbito más micro", explica Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo que gestiona las ayudas.

La Comisión Europea introdujo esta figura en la legislación comunitaria en el denominado Paquete de Invierno. Y estableció dos definiciones: comunidades ciudadanas de energía, incluida en la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad, y las comunidades de comunidades de energía renovables, incluida en la revisión de la Directiva de Energías Renovables. España todavía no ha traspuesto ninguna (pese a que debía haberlo hecho el año pasado) algo que hará durante este año, según afirma Groizard, pero sí la ha incluido de forma sucinta en su planificación, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o en la Hoja de Ruta del Autoconsumo, entre otros. "Tenemos que legislar con rapidez para establecer incentivos propios porque si no se pondrán obstáculos a su despegue", advierte el presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía, Vicente López-Ibor.

Por comunidad energética se entiende una agrupación de personas, que puede incluir a pymes o ayuntamientos, que se unen para avanzar en la transición energética con la gobernanza y el control de todos los participantes. "Los objetivos pueden ser económicos, pero sobre todo deben ser beneficios medioambientales y sociales", agrega Cristina Alonso Saavedra, responsable de Justicia Climática y energía de la ONG Amigos de la Tierra. "Además hay que limitar la participación a empresas que históricamente participan en el sector energético para hacer que estas comunidades sean realmente democratizadoras", apunta.

Participación ciudadana

Según un estudio del Joint Research Center de la Comisión Europea de 2020, en España habría unas 33 comunidades energéticas. El IDAE ha contabilizado en un mapa interactivo una veintena, aunque algunas de estas son iniciativas todavía por desarrollar. Con todo, las cifras distan mucho de las 1.750 de Alemania o de las 700 de Dinamarca, dos países con una fuerte tradición de propiedad comunitaria y empresas sociales.

"Los ciudadanos somos partícipes directos y absolutos de esta transformación. Puede ser que yo no pueda generar porque no tengo espacio en mi tejado pero hago un acuerdo con mi vecino y generamos, vendemos, distribuimos o compartimos", explica Lucía Dolera, directora de proyectos de APPA Renovables. Un ejemplo es Gares Energía en Puente la Reina (Navarra), localidad en la que surgió un proceso participativo que acaba de organizarse como cooperativa de vecinos. El ayuntamiento cederá una parte del frontón del pueblo para instalar placas fotovoltaicas para el autoconsumo, a cambio de que la cooperativa suministre energía a un piso de emergencia social. "El casco antiguo es patrimonio histórico y los vecinos no pueden instalar placas solares, pero como el frontón es contiguo es una forma de que puedan autoconsumir energía", explica el alcalde de la localidad Oihan Mendo.

Nuevos negocios

La fórmula del autoconsumo colectivo es la más conocida, pero las comunidades energéticas van mucho más allá. Además, no solo se dirigen a la generación de energía, sino también a otras actividades como movilidad o eficiencia, lo que propicia nuevos modelos de negocio. Es el caso de Som Mobilitat, cooperativa catalana sin ánimo de lucro que desde 2017 permite compartir el alquiler de coches a sus socios (más de 2.600) a través de una plataforma. «La gran diferencia con otros servicios, como el que hay en Madrid, más allá de la participación ciudadana, es que lo hacemos para quitar coches de las ciudades. Está pensado para salir de la ciudad», explica Ricard Jornet, presidente de Som Mobilitat. 

Otro ejemplo, también en Catalunya, es ‘Viure de l’aire’ en Barcelona, un proyecto de comunidad energética, en este caso todavía incipiente, que pretende replicar la experiencia de ‘Viure de l’aire’ de Pujalt, una localidad en la que unas 600 familias invirtieron en la instalación de un aerogenerador que vende electricidad al mercado a cambio de unos ingresos. "Cuando se haya devuelto la inversión, generará beneficios", explica Jordi Ferrer impulsor de ‘Viure de l’aire’ en Barcelona.

Barreras al desarrollo

"La fase inicial es hacerlo como en Pujalt, aunque si cambia la normativa puede que cambie el proyecto", explica Ferrer. Se refiere a que, actualmente, el autoconsumo colectivo se restringe a una distancia máxima de 500 metros entre la planta fotovoltaica y cada uno de lo autoconsumidores y esa es una de las grandes reivindicaciones del sector. "Si se pudiera conectar a gente a 10 kilómetros, eso incluiría a casi todos los ciudadanos de Barcelona. Entonces los números saldrían mejor", añade Ferrer.

Pero lo cierto es que la principal barrera es el desconocimiento de la ciudadanía y el burocrático, lo que impulsa el papel protagonista de los ayuntamientos. «No podemos esperar a que fragüe una conciencia social para impulsar la transición energética, por eso montamos nosotros el proyecto y les decimos que elijan un trozo de la instalación», explica Rubén Fuentes, asesor del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Esta localidad tiene en marcha un proyecto piloto en dos cubiertas municipales que se cederán a una cooperativa vecinal. "El principal cuello de botella al principio es explicar la idea, explicar qué es una cooperativa sin ánimo de lucro donde el ayuntamiento es partícipe como asociado es difícil de entender. Ahora el punto clave es que no haya obstáculos en la cesión de las cubiertas", añade Fuentes.

En Arroyomolinos de León (Huelva) acaban de crear un servicio de asesoramiento y apoyo como punto de partida de la comunidad energética del municipio que aspira a instalar paneles fotovoltaicos en una cubierta municipal y también en el colegio para autoconsumir de forma colectiva. "El tema de la energía nos interesa especialmente porque en el mundo rural hay mucho desconocimiento y el oligopolio campa a sus anchas", apunta Bosco Valero, coordinador de Alumbra Energía, en colaboración con la Asociación MUTI y el ayuntamiento.

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