El Govern considera el artículo 155 una "aberración" que creará una "grave situación" en Catalunya
La Generalitat tilda de "aberración" la aplicación del artículo 155 en Catalunya y lamenta que creará una "grave situación extraordinaria" en sus alegaciones a la tramitación del precepto en el Senado. El escrito del Govern ha llegado por burofax a la Cámara alta fuera de plazo pero aún así la ponencia designada ha estudiado sus argumentos contrarios a la intervención y los ha rechazado con los votos del PP, PSOE y UPN.
Carles Puigdemont decidió el jueves no acudir, en persona, a defender las alegaciones. En un principio se mostró dispuesto a desplazarse pero, según su entorno, a la vista de que el Ejecutivo había señalado públicamente que continuará adelante con la tramitación del artículo 155 aunque en Catalunya se convoquen elecciones, cambió de idea. En el escrito designa por tanto al delegado de su gobierno en Madrid, Ferran Mascarell, y a los portavoces de ERC y el PDeCAT en el Senado Miquel Angel Estradé y Josep Lluís Cleries para que le representen en el proceso de tramitación.
En su escrito, el Govern acusa al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites que marca el propio artículo 155. Este precepto fija que el Ejecutivo podrá "dar instrucciones" a las autoridades de la Comunidad Autónoma, "lo que resulta incompatible con destituirlas, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente les corresponden", sostiene.
Choca con la propia Constitución
Las medidas aprobadas, continua, dan "plenos poderes" al Estado sobre Catalunya, por lo que chocan abiertamente con la propia Constitución. A su juicio, el artículo 155 permite la puesta en marcha de "medidas concretas, de contenido y alcance precisos" y destinadas "a que cesen las actuaciones relacionadas con el proceso para la independencia". Por contra, con la intención de cesar al Govern y limitar al Parlament "se despoja", según el Govern, a las instituciones autonómicas "de sus principales atribuciones".
El escrito contiene duros reproches y advierte incluso de que estas medidas puede provocar el "bloqueo y la paralización de todos los servicios públicos".
Asimismo recuerda que en 1978, en el debate de redacción de la Constitución, el grupo parlamentario de Alianza Popular dirigido por Manuel Fraga presentó un voto particular que defendía la intervención de una comunidad con la suspensión de sus órganos y la designación de un gobernador general, con poderes extraordinarios y que fue ampliamente rechazado.
El precedente
Aquella propuesta, que también hablaba de un plazo de intervención que concluyera en convocatoria electoral -como propone ahora el Gobierno- fue rechazada por todos los demás grupos parlamentarios, según recuerda el Govern.
La Generalitat concluye la defensa de sus alegaciones subrayando que las actuaciones propuestas por el Gobierno van más allá de las "medidas necesarias" al permitir desarticular la estructura de la Administración y sustituir con autoridades estatales a los "legales representantes del pueblo de Cataluña".
En definitiva, advierte, las medidas para resolver, en palabras del Gobierno, una "grave situación extraordinaria", van a provocar una "todavía más grave situación extraordinaria", al "arrebatar a Cataluña su autonomía política".
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