Juzgados colapsados y recortes en las prisiones

La justicia es una de las instituciones peor valoradas. Los recortes han empeorado su situación, sin duda alarmante. Cada vez se tarda más en resolver los procesos y los juzgados están colapsados. Los magistrados se quejan de la sobrecarga de trabajo, los funcionarios, de que cada vez son menos y están peor pagados y los abogados, de la lentitud de la maquinaria judicial.

La modernización del sistema es una de las asignaturas pendientes en Catalunya y en el resto de España. La falta de recursos ha frenado el avance y ralentiza la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, que comporta servicios comunes y otro método de trabajo. La solución de muchos de los problemas, sin embargo, dependen de Madrid.

Las prisiones también han sufrido los recortes. El plan para construir nuevos centros penitenciarios que fue aprobado por el tripartito está saliendo caro, ya que una parte muy importante del presupuesto de la Conselleria de Justícia se dedica a pagar las obras de las cárceles construidas. La Administración catalana está hipotecada hasta el 2041. Una prisión, la de Figueres, está casi acabada pero no ha abierto sus puertas. Es más barato tenerla cerrada.

El Gobierno de CiU se ha comprometido a elaborar un nuevo plan penitenciario. No solo por la crisis, sino también porque los cálculos sobre el número de presos del anterior ejecutivo no se han cumplido. Son menos de los que se esperaba. Por lo tanto, igual no hace falta construir las cárceles programadas y es más factible apostar por otra estrategia, como impulsar la concesión de libertades condicionales. Sin embargo, este propósito choca con las pretensiones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de endurecer las penas. Catalunya es la única comunidad autónoma que tiene las competencias sobre prisiones.

Mientras tanto, el Ejecutivo catalán intenta ahorrar suprimiendo las meriendas de los presos, las subvenciones de la comida de los funcionarios, las ayudas a las entidades sociales que colaboran en la reinserción y con el recorte de los fondos para que los internos puedan cursar carreras universitarias.