El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha argumentado tras el Consejo de Ministros que ha dado este viernes luz verde al primer texto articulado de la futura ley de mejora de la calidad de la educación (LOMCE), que la reducción del poder de las comunidades autónomas a la hora de fijar los contenidos curriculares responde a la necesidad de poner fin a  una "dispersión inmanejable" entre los que fija el Estado y las comunidades. Wert también ha defendido que la revaja en un 10% de los contenidos que fijarán las autonomías no forma parte de una reforma "ideológica sino eminentemente práctica", así como las dos reválidas o exámenes estatales que deberán superar todos los alumnos españoles para obtener el título de ESO y Bachillerato. "Mejorar el nivel educativo y la empleabilidad desde la equidad territorial", este es el objetivo de la reforma ha asegurado. 

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. DAVID CASTRO

Actualmente el Ejecutivo central determina en las comunidades con lengua propia, como Catalunya, el 55% de los contenidos, y en las que no la tienen, el 65%. El Ministerio de Educación considera necesario aumentar ese porcentaje, hasta el 65% y el 75% respectivamente, por la necesidad de reforzar las asignaturas instrumentales o básicas (Matemáticas, Lengua, Ciencias e Inglés) "no solo por su valor sino porque el dominio de estas es la base para poder continuar con el aprendizaje". Los gobiernos de Catalunya, País Vasco y Andalucía ya han anunciado que no admitirán esta modificación porque invade sus competencias y que recurrirán la futura ley ante el Tribunal Constitucional.

El objetivo general de la LOMCE, la séptima ley orgánica de educación de la democracia, es según Wert reducir el abandono escolar temprano --del 26%--, casi el doble de la media europea, y mejorar los resultados mediocres en exámenes internacionales como el famoso inforem PISAp

Castellano en comuniades bilingües

Preguntado si el Gobierno aprovechará la reforma para intrducir garantías para que le el castellano se enseñe en las comunidades bilingües con el mismo peso que en el resto, Wert ha echado balones fuera con una respuesta ambigua e inquietante: "hay que reforzar la enseñanza tanto de la lengua común como de la cooficial, lo que incluye evidentemente a la lengua común".

Nuevo ciclo de FP

El anteproyecto de ley prevé adelantar la opción de los alumnos a elegir la formación profesional (FP) -- 4º de ESO se convierte así en curso de iniciación al Bachillerato o a la FP--, creando un nuevo ciclo dentro de la enseñanza obligatoria (la FP básica, que dará acceso a un título propio), y se establecerán evaluaciones externas al final de cada etapa "con finalidades de evaluación diferentes" en cada una de las etapas. Será una evaluación final, uniforme en toda España, que tendrá un peso del 30%.

También habrá dos evaluaciones de idéntica naturaleza, pero sin trascendencia curricular para el alumno, en 3º y 6º de Primaria, con el fin de detectar precozmente las deficiencias en lectura, escritura y aritmética básica y poder aplicar apoyos y refuerzos.

La futura ley instaura asimismo otra evaluación nacional para obtener el título de Bachillerato que pesará el 40%, y cada universidad podrá decidir el valor que da a esa evaluación para matricularse en una carrera o si quiere exigir una nota determinada, un examen adicional o una entrevista. Serán evaluaciones no solo de conocimientos, sino de competencias transversales.

Asimismo, el Consejo de Ministros también ha aprobado el real decreto por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y establece las bases de la formación profesional dual en España, con el objetivo de conectar la FP con el mundo empresarial, para unir formación y empresa, y estudios con empleo.

Estructura similar

Tras el debate preliminar con la comunidad educativa y más de 4.000 aportaciones ciudadanas, el Gobierno se ha echado atrás en su intención de modificar la estructura del sistema educativo. Así, el borrador mantiene el actual esquema de 4+2 (cuatro cursos de Secundaria obligatoria y dos de Bachillerato o FP media) en lugar de ir a un 3+3, debido al caos organizativo que dicho cambio generaría en las estructuras de centros y profesorado. En su lugar, se ha optado por adelantar a 4º de ESO la elección de vías hacia estudios posobligatorios.

Otra novedad del borrador es que se dota a los directores de los centros de la potestad de adaptar los recursos humanos "a las necesidades derivadas de los mismos". Para poder participar en el concurso de méritos de directores habrá que haber superado un curso selectivo sobre desarrollo de la función directiva.

Segregación por sexo

La reforma incluirá, según ha anunciado Wert, una precisión para que los colegios que educan separadamente por sexos puedan acceder al concierto con las administraciones educativas. Tras el visto bueno del Consejo de Ministros al anteproyecto, se abrirá el trámite de consultas preceptivas con los agentes educativos, las comunidades autónomas y el Consejo Escolar del Estado. El texto volverá luego al Consejo de Ministros y llegará al Congreso de los Diputados para ser debatido a principios del 2013.