Las tres Españas del bienestar

Como un ejército en retirada, el Estado del bienestar retrocede desordenadamente en España. Y como en tantos frentes rotos, cada uno salva los muebles a su manera, lo que hace que ese Estado del bienestar, al desgajarse, sea más distinto día a día, en función de cómo responde cada comunidad autónoma a la crisis. En realidad, nunca han tenido los españoles una oferta social idéntica, aunque sí homologable. Las comunidades tienen competencia exclusiva en servicios sociales. Al resquebrajarse el sistema, afrontan de distinto modo la crisis, y no siempre en función de la riqueza. Lo que significa que algunos ciudadanos cuentan con recursos que en otras comunidades ya no existen.

«Puestos a ser pobre, yo quiero ser pobre en Navarra», ironiza Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, en alusión a la comunidad autónoma con la política social más completa, según los directores de servicios sociales. Lima, que cree que más que recortes hay que hablar de «cambio de modelo que quiere destruir el Estado del bienestar», emplea el chiste de una amiga para lamentar que los servicios sociales no estén mencionados en la Constitución española y no cuenten con una ley marco que asegure unos mínimos, algo que, dice, igualaría la oferta. Se trata de una solución rechazada por el sector en Catalunya, en defensa propia competencial. Lima se explica: «Esto al final es desigualdad: depende del territorio en el que vivas tienes unos servicios».

Simplificando, hay tres grandes frentes en los que se dan respuestas institucionales distintas ante la dificultad, o que recortan de un modo distinto: Andalucía, Euskadi y Navarra y el resto de España. Andalucía optó por ofrecer una cobertura específica anticrisis: expropiar viviendas para que no sean desahuciadas, garantizar tres comidas a los menores, financiar la luz y el agua a ciudadanos en precario. Son medidas sin parangón en otras comunidades.

En el caso de Euskadi y Navarra, el sistema de financiación es la clave: el concierto económico permite cierto alivio en la caja, aunque no frene todos los recortes. El tercer frente es el resto de España, donde se ha recortado sin excesivos miramientos y donde no parece que haya otra opción.

Como se aprecia, el dinero no es el único factor. Vascos y navarros tienen muchos más recursos que Andalucía. Pero el Gobierno andaluz toma la decisión «ideológica» (valgan las comillas para todos los consultados, que así la definen) de hacer una inversión social relevante en un momento de dificultad. Al tiempo, cabe subrayar que porque Andalucía haga esa inversión no debe considerarse unos privilegiados a los andaluces: están a la cola de la oferta social, según los ya citados directores de servicios sociales, agrupados en la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que preside José Manuel Ramírez. Con lo cual, lo que se evidencia es que no hay una sola forma de recortar.

ÍNDICE SOCIAL / Ramírez explica cómo el colectivo que preside ha acuñado el índice DEC, que califica el desarrollo de los servicios sociales por comunidades autónomas, y que deja en primer lugar de la lista a los servicios sociales navarros y vascos. Para el índice, empleado este año por segunda vez, se tienen en cuenta tres criterios: los derechos y la decisión política, que se atiene a si hay ley de servicios sociales y un mínimo de prestaciones fijadas en una cartera, entre otros elementos; la relevancia económica y el gasto en servicios sociales; y la cobertura: los equipos de trabajo, las rentas mínimas, la aplicación de la dependencia.

RECORTES Y DÉFICIT / Ramírez quiere subrayar -y no está solo en esa convicción- que invertir ahora en  servicios sociales no es una locura, sino necesario. Y precisa: «Es falso que a mayor inversión social, mayor déficit. La comunidad con más déficit es Valencia, que es la que invierte menos en servicios sociales». Ramírez, que también es presidente del Observatorio de la Dependencia, asiste a la destrucción de esta red de atención por la falta de recursos públicos. Y lo critica con argumentos materiales: «Destruir puestos de trabajo es antieconómico». Se refiere a los creados por la dependencia. Y avisa: «Donde funcionan los servicios sociales se evita la desigualdad».

Núria Carrera, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, que discrepa del deseo de Lima de una ley marco para toda España, recuerda que sí existe en el caso de la dependencia, y que ha resultado «catastrófica», por la falta de financiación y las obligaciones creadas a las comunidades autónomas. Cierto es que en Catalunya sí existe esa ley, pero según Carrera, «no se ha aplicado». Las leyes que deberían blindar los servicios sociales no son inmunes al recorte: se reforma la ley y la cartera de servicios mínima prevista, y se descuelga de esa cartera una prestación. Ya no es obligatoria.

REFLEXIONAR SOBRE LOS RECORTES / «España entró en democracia con un Estado del bienestar bajo cero, cuando en Europa la época dorada de ese sistema ya había acabado. Y cuando ya éramos homologables con Europa, llegó la crisis», recuerda Antoni Vilà, codirector del Grup de Recerca en Gestió i Administració de Polítiques  Socials i Culturals de la Universitat de Girona, que combina datos económicos y de otros tipos para respaldar el gasto social.

Un ejemplo del primero: el 40% de retorno que da la inversión en dependencia: «Los servicios sociales son generadores de empleo». Y añade «Pensábamos que era millonarios y no queda nada. Ha llegado un momento en que tenemos que hablar de derechos humanos. De las personas mayores que no pueden abrir la calefacción».