Justicia corrige a Interior y no penará más la resistencia pasiva

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no quiere ir tan lejos como el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la cruzada contra el vandalismo. El excalcalde de Madrid descartó ayer que la resistencia pasiva como método de protesta vaya a ser elevado a un delito de atentado contra la autoridad, como propuso su compañero en un Consejo de Ministros.

«No se está hablando de resistencia pasiva sino de agresiones a miembros de los cuerpos de seguridad y daños a bienes públicos», aseguró tajantemente Gallardón en un desayuno informativo. Fuentes de su ministerio precisaron que la intención de Justicia es realizar un análisis «pausado» sobre «si es o no necesario» endurecer los artículos del Código Penal que castigan la violencia callejera, mientras que Fernández Díaz se ha mostrado partidario de endurecer ya y sin miramientos las penas contra el vandalismo con el fin de erradicar una violencia que tacha de «organizada y sistemática».

Gallardón se alineó no obstante con su colega al asegurar que la reforma no afectará al derecho a la manifestación. «Quien más ataca este derecho son aquellos que infiltrándose en manifestaciones y desde una estructura organizada que la policía tiene perfectamente identificada realizan agresiones (...). Contra ellos se dirigirán las medidas de endurecimiento del código», aseguró.

OPOSICIÓN DE LOS JURISTAS / Dicha legislación ya prevé penas de seis meses a tres años de prisión para quienes «obstaculicen» las vías públicas de manera «peligrosa», pero de ahí a penalizar cualquier tipo de resistencia pasiva, como una sentada pacífica, es un paso de gigante que muchos juristas no apoyan.

No es la primera vez que trascienden diferencias entre Gallardón y Fernández Díaz, pese a que ambos deben tejer conjuntamente varias de las reformas. El ministro catalán, por ejemplo, pretende que las víctimas del terrorismo tengan capacidad para recurrir los beneficios penitenciarios de los etarras, mientras que Gallardón no ve tan claro que puedan tener un papel activo frente a posibles excarcelamientos. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, criticó ayer la «descoordinación» entre ambos ministerios porque «genera incertidumbre» a los juristas dado que desconocen quién de los dos tendrá más peso a la hora de legislar.

El titular de Justicia se reunió ayer además con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, con quien se comprometió a tener una relación más estrecha para frenar la violencia callejera que afecta a la ciudad.