Dura condena de cárcel por agredir a 2 médicas en Barcelona

Muy caro le va a salir a Mariana P. C. , de 41 años, haber agredido a dos médicas de Barcelona. No se controló y se enfureció porque no estaba conforme con que le dieran el alta laboral. La jueza de Barcelona Maria Àngels Falip le ha impuesto dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de atentado contra funcionarios públicos y lesiones. En el caso de que se confirme esta pena, la acusada deberá ingresar en prisión. También deberá indemnizar con 4.775 euros.

La sentencia declara probado que el 5 de agosto del 2009, Mariana P. C. se dirigió a la consulta del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques del Institut Català de la Salut (ICS), en la avenida de Vallcarca, en Barcelona. Allí fue visitada por la doctora María José M. M., que fue auxiliada por la también médica Irma M. Ch. Las dos facultativas le comunicaron que no le renovaban la baja y que debía incorporarse al trabajo. La paciente les exigió de forma agresiva que anularan esta decisión y, al no conseguir su propósito, empezó a insultarlas. «Cerdas, estúpidas, hijas de puta, no sois médicas ni nada», gritó, abandonando el despacho.

Mariana no acabó de irse. Cuando la doctora Irma M. se disponía a cerrar la puerta, la acusada entró de nuevo en el despacho «de forma violenta», se abalanzó hacia ella, le tiró del cabello y la arrastró al fondo del despacho, encajonándola entre unos fregaderos y un archivador, explica la jueza. La otra facultativa, María José M., intentó ayudar a su compañera, pero la condenada, «con ánimo de menoscabar su integridad física», la empujó y la tiró al suelo. Alertados por los gritos de socorro se personaron varios médicos y un guardia de seguridad, que consiguieron frenar a la mujer.

La imputada rechazó en el juicio haber insultado y agredido a las doctoras y aseguró que las médicas fueron las que le obligaron a abandonar el consultorio. Sin embargo, la jueza da más validez a la versión de las dos víctimas, que, además, fue totalmente corroborada por otros dos profesionales del centro sanitario que actuaron como testigos.

PRINCIPIO DE AUTORIDAD / La sentencia deja expresa constancia de la condición de funcionarias públicas de las dos facultativas agredidas y de que queda clara la existencia de un ánimo de «ofender o denigrar el principio de autoridad». Es decir, menoscabar «el principio de autoridad» que las dos doctoras ostentan en el ejercicio de su actividad «dentro de la función pública». De ahí, que se condene a la acusada por un delito de atentado.

Las penas por ataques a médicos y profesores del sistema público se endurecieron en el 2006, cuando el entonces fiscal jefe de Catalunya, José Maria Mena, ordenó a sus subordinados que tramitaran estas agresiones como delito de atentado y no como una falta, que comporta una pena mucho menor o de multa.