La UE decide hoy sobre los desahucios españoles

La crisis dio el pistoletazo de salida. Lo siguiente fue que en España decenas de miles de personas perdieron su trabajo, se quedaron sin dinero para pagar su hipoteca y se quedaron sin vivienda. En plena sangría de desahucios, un informe jurídico de la Unión Europea advirtió en noviembre pasado de que el sistema español vulnera la directiva europea de protección de derechos de los consumidores porque no permite a los clientes defenderse de las cláusulas abusivas de la hipoteca. Además cuestionó los intereses de demora, la determinación unilateral de la deuda por parte del banco y la cláusula sobre vencimiento anticipado de la hipoteca. El Tribunal de la UE se pronunciará hoy y el sistema español de desahucios puede verse cuestionado.

El informe jurídico es obra de la abogada general del Tribunal de la UE, Juliane Kokott, y si el fallo es favorable a su tesis España se verá obligada a cambiar la ley de enjuiciamiento civil, que regula los desahucios, no la hipotecaria, explica el abogado Martí Batllori. Sería un colofón relativamente inesperado a una tragedia que desde hace más de cuatro años denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que con otros promotores logró llevar la cuestión al Congreso y presionar para que el PP aceptara tramitar la ILP de la dación en pago, la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. La portavoz de la PAH, Ada Colau, que espera que el tribunal demuestre que la legislación española es «incompatible» con la directiva comunitaria, advirtió de que la plataforma «no permitirá» que el Gobierno se limite a un cambio legal limitado.

PROPUESTAS DE MÍNIMOS / Colau considera que un fallo decisivo del tribunal «reforzaría las propuestas de mínimos» de la PAH, es decir, las tres de la ILP. Si hoy la UE dice basta, el Gobierno y los partidos no podrán hacer como en los últimos años, en los que pese a mostrar buenas intenciones no han cambiado apenas nada. Y la calle habrá ganado el debate: no era normal que en la relación entre un banco y un particular el primero lo tenga todo ganado y pudiera iniciar el proceso de ejecución hipotecaria sin un mínimo margen de actuación para el deudor.

Por otra parte, quedarían atrás los parches que en estos últimos años ha puesto el Gobierno de Mariano Rajoy y que nada han cambiado. El código de buenas prácticas, de aplicación voluntaria, y el decreto de paralización de desahucios en casos de gran vulnerabilidad económica no han servido más que para dar pie a unas cuantas daciones en pago. Del PSOE, que hoy defiende prácticamente todos los postulados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cabe recordar que cuando gobernaba los ignoró o los combatió.

INFLEXIBLE / Pese a la presión, el PP se mantiene inflexible. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió ayer en su rechazo «a la dación en pago con carácter general». «Podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedir en el futuro el acceso de las familias a los préstamos hipotecarios», dijo. Respondía así en el Congreso al diputado de ICV Joan Coscubiela, que le acusó de permanecer «insensible ante el drama social y humano» de los desahucios.

Rajoy sí se mostró abierto a «hablar» y llegar a «algún punto de acuerdo» durante la tramitación de la ILP de la dación en pago retroactiva, con un límite: «Se lo tengo que decir muy claramente es necesario conjugar la protección del deudor en estas situaciones tan duras que estamos viviendo con el buen funcionamiento del mercado». «Los ciudadanos se preguntan por qué los bancos aceptan la dación en pago de los especuladores y las inmobiliarias en quiebra y no la de las familias», espetó Coscubiela a Rajoy.