El Consorci del Palau pide al juez la imputación de dos cargos de CDC por el 'caso Millet'

El Consorci del Palau de la Música, un organismo participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, ha solicitado hoy al juez Juli Solaz, que investiga el expolio del auditorio de la música por su antiguo equipo directivo, que cite a declarar como imputado a Daniel Osàcar, responsable de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), por su presunta vinculación con el cobro de comisiones millonarias por parte del partido nacionalista procedente de la constructora, utilizando como tapadera la institución cultural barcelonesa. La acusación particular también reclama la declaración en calidad de imputado, pero a título lucrativo, de Àngel Colom, secretario del área de inmigración de CDC, que percibió de la mano del expresidentes del Palau, Fèlix Millet, 12,5 millones de pesetas (75.126 euros) que utilizó para pagar deudas del extinto Partit per la Independencia (PI).

El escrito del Consorci se suma, así, a las peticiones realizadas por la Fiscalía de Barcelona hace unos días y que también requirió al juez la imputación de los dos altos cargos de CDC en una pieza separada a la investigación principal para esclarecer el expolio del Palau. Sin embargo, se ha producido una sorpresa en el proceso: las otras dos patas de la entidad cultural, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música (recolecta fondos para actividades) y la asociación Orfeó Català (se encarga del coro y es la propietaria del edificio), que ejercen también de acusación particular, presentaron el viernes un escrito en el juzgado en el que solo solicitan que se investigue las actuaciones de Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de este último, Gemma Montull, pero no hace mención alguna a los fondos de Ferrovial y las presuntas comisiones hacia personas vinculadas a CDC.

Es un giro radical que, según fuentes jurídicas, está vinculado a dos procesos electorales: el del Palau (celebra elecciones el próximo 25 de noviembre) y las elecciones al Parlament. El Orfeó también pide al juez que impute a Rosa Garicano, exdirectora general y máxima responsable del área de relaciones con patrocinadores del Palau, así como que Millet, Montull y su hija garanticen responsabilidades económicas por valor de 47 millones de euros, o en su defecto, que se decrete el emabargo de bienes.

Nuevos papeles

El escrito entregado hoy en el juzgado por el Consorci recoge en su textualidad uno de los informes elaborados por los peritos de Hacienda, en concreto el que versa sobre la “posible utilización del Palau de la Música para vehícular fondos aportados por Ferrovial-Agriman por adjudicación de obras públicas”. Esta acusación, además, ha remitido 12 libretas manuscritas de las secretarias de Millet y, en uno de los apuntes, vuelve a aparecer el nombre de Carles Torrent, el fallecido responsable financiero de CDC, a pagos a proveedoras del Palau y también del partido nacionalista y a ingresos en la entidad de fondos provenientes de Ferrovial.

El dictamen de los funcionarios de la Agencia Tributaria detalla que “se ha llegado paulatinamente a la conclusión de que el grueso de las aportaciones de Ferrovial no constituye la contribución al patrocinio publicitario, sino que tiene otra finalidad, que es satisfacer la contraprestación correspondiente por la adjudicación de obras públicas, siendo utilizado el Palau de la Música para canalizar los correspondientes pagos”. Así se deduce de una serie de documentos hallados en el auditorio que vinculan “expresamente” los pagos que hace la constructora al auditorio a la adjudicación de determinadas obras públicas (la línea 9 del metro, la Ciutat de la Justícia, un pabelló municipal en Sant Cugat, entre otras). La presunta comisión se cuantifica “habitualmente” en el 4% del presupuesto de ejecución de la obra.

La constructura

El consorcio, al igual que hizo la semana pasada la fiscalía, también solicita que en esta investigación paralela sobre el presunto cobro de comisiones políticas, declare como imputado el que fuera directivo de Ferrovial, Pedro Buenaventura, que aparece que el supuesto enlace entre la constructora y Millet, y los administradores de las empresas New Letter, Letter Graphic, Hispart-Estero Rent y Altraforma. Estas sociedades cobraron importantes cantidades de dinero del Palau y, al parecer, no hicieron los servicios que se especificaban en las facturas. Sin embargo, sí que han trabajado para CDC y la Fundació Trias Fargas (ahora CatDem), vinculada al partido nacionalista y que percibió más de 600.000 euros de fondos del Palau . El consorcio, además, pide la imputación de Emili Vila, consejero delegado de la ingeniería GPO, que supuestamente también aportó dinero.

Más declaraciones

Respecto al saqueo de fondos del Palau para fines particulares de Millet y Montull, el consorcio reclama la nueva declaración de los dos exmáximos directivos de la entidad, que ya figuran como imputados. El escrito entregado hoy en el juzgado detalla las nuevas irregularidades descubiertas en los últimos meses y sobre todo el uso de subvenciones públicas para beneficio propio de los exejecutivos del Palau. Por esta razón, la acusación particular estima que es “imprescindible” que la querella inicial del fiscal se amplíe, desde el punto de vista penal, a los delitos de malversación de fondos (el consorcio es una entidad pública) y fraude de subvenciones. Asimismo, se reclama el embargo de propiedades de Millet y que declare como imputada su exsecretaria, Elisabeth Barberà.