Cabrera de Mar lleva al juez la reposición de arena de las playas

El alcalde de Cabrera de Mar, el independiente Joan Vilà, ha decidido judicializar el conflicto por la falta de arena en sus playas. Así, presentará una denuncia contra las reiteradas decisiones del Ministerio de Medio Ambiente y la Direcció General de Costes de no aplicar sistemas que eviten la erosión y de regenerar la playa engullida por los temporales mediante barcos draga que succionan arena del fondo marino y la expulsan en las zonas dañadas.

El edil cabrerense considera que debe ser denunciado ante los tribunales el hecho de haber llevado a cabo desde el 2005 cuatro actuaciones de estas características con un coste de 22,8 millones de euros a sabiendas de la ineficacia de la medida. «Y más cuando nos niegan otros proyectos de consolidación como los espigones sumergidos» que sí se construyeron en Barcelona pero no en el Maresme, pese a la petición de municipios como Cabrera.

Para reforzar sus argumentos, el ayuntamiento ha contratado los servicios de Europrincipia, una empresa de ingeniería especializada en obra marina que ha elaborado un informe mediante el que se intenta demostrar que la actuación de las administraciones no ha sido la correcta porque con «el dinero lanzado al mar [2,2 millones solo en la última actuación de julio] se podían haber impulsado otros proyectos».

TRASVASE INCUMPLIDO / En la denuncia se acusa igualmente al consorcio del puerto de Mataró de haber desatendido durante años su obligación de trasvasar la arena a las playas de Cabrera, pese a que la ley obliga a los concesionarios a realizar estas operaciones de forma periódica, teniendo en cuenta que las instalaciones portuarias ya cobran una tasa a sus usuarios en concepto de regeneración de playas. Pero no ha sido hasta el 2010 que Port Mataró ha aportado por primera vez 400.000 euros para regenerar con 120.000 metros cúbidos la playa de Cabrera.

El resto de los alcaldes afectados han decidido no seguir los pasos de Cabrera, dadas la proximidad de las elecciones municipales y las posibles consecuencias que supone denunciar a las administraciones que deben financiar otros proyectos. Así, Joan Vilà, alcalde de una población de 4.321 habitantes, emprenderá la batalla judicial en solitario.