Sobrecostes temerarios

Nadie se lo explica. La gente ajena al sector frunce el ceño, sospechando. La larga lista de corruptelas e investigaciones sobre financiación de los partidos vinculadas a la adjudicación de obra pública de los últimos años hace el resto. Esta semana, al destaparse la operación Yogui, en la que se ha detenido a una decena de personas por supuesta malversación de seis millones de euros en las obras del AVE en Barcelona en el 2008, la ejecución de infraestructuras vuelve a mirarse con lupa. Las administraciones han extremado los controles, sí, pero hay ciertas prácticas que no se destierran, como la tolerancia en los sobrecostes. Si algo se valoró por 100 millones... ¿cómo puede ser que una empresa se ofrezca a hacerlo por 80 y luego acabe cobrando 110?

Hay unanimidad respecto a que el sistema es francamente mejorable. El miembro de la junta del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports Jordi Julià admite que las administraciones «podrían ser más estrictas» a la hora de reclamar a una empresa a la que se le ha adjudicado una obra que se ajuste a lo pactado. «No hay que escandalizarse, pero cuando una constructora hace una oferta ya tiene contemplado un porcentaje de lo que se conoce como modificados o revisiones al alza. Es perverso, pero eso no significa que sea corrupto», describe.

TRABAJAR RÁPIDO Y MAL / Las prisas son malas consejeras. Cuando se suma la urgencia por inaugurar de un responsable político con un proyecto en el que faltaban aspectos por estudiar pueden ocurrir fiascos de la magnitud de la llegada de la alta velocidad a Sants, en el 2007. El responsable de la ejecución de esos trabajos por parte del Ministerio de Fomento durante aquellos años en Catalunya era Jordi Prat. Ingeniero y con una larga trayectoria académica, Prat tilda de «lamentable» que se hable de malversación en el tramo entre L'Hospitalet y La Torrassa, donde hubo el hundimiento del túnel del Gornal de Ferrocarrils de la Generalitat, lo que obligó a suspender parte del servicio de Rodalies durante 40 días. El Tribunal de Cuentas se ha fijado en este recorrido del AVE porque la desviación de lo que constaba en el contrato respecto a lo que se pagó al final fue un 230% más.

«En ese caso los estudios geológicos habían sido insuficientes, la obra se hizo mal y además había mucha presión», recuerda. En aquel tiempo en la Generalitat estaba Manel Nadal, secretario de Mobilitat entre el 2003 y el 2010. «El origen de todos estos males muchas veces está en proyectos iniciales mal hechos, sin ir más lejos los de la L-9, además de que el mecanismo de licitación es ineficiente», analiza.

OFERTANTES SUICIDAS / Las obras del canal de Panamá han sido otro de los ejemplos recientes que han desconcertado a la opinión pública. Este caso hizo saltar por los aires unos porcentajes al alza que habitualmente en España alcanzan el 20%, pero que la ministra Ana Pastor ha avisado que erradicará. Cuando una Administración valora las ofertas de varias empresas tras hacer un concurso público no solo tiene en cuenta las cuestiones económicas, sino también las técnicas. No obstante, y más aún con la crisis que azota este sector, hay quienes se aventuran en ofertas «suicidas» que obligan al resto de competidores a mover ficha y pujar más barato, razona el vicepresidente de la constructora Copcisa, Eloi Carbonell.

Segunda generación de una firma con 60 años de experiencia, Carbonell propone que se valore la propuesta económica, pero que se introduzcan variables como la baja siniestralidad laboral en la empresa, los esfuerzos medioambientales o la inversión en innovación, por ejemplo. Y que eso puntúe en los pliegos de los concursos.

La ingeniera Eva Bufí, ahora en su propia consultora pero que ha pasado por la Generalitat, una constructora y una ingeniería, también aboga por un sistema de puntuaciones. «En las obras complejas, los imprevistos son normales porque la ingeniería no es una ciencia exacta. Que haya un cierto margen es comprensible y aceptable», razona la experta. «¿Quién tiene la culpa de los excesos? Todos. Unos por establecer esas pautas y el sector por aceptar esa fórmula», concluye Bufí.