El TC se plantea suspender la consulta el 7 de octubre

Los magistrados del Tribunal Constitucional volvieron ayer a sus despachos y comenzaron a trabajar en un calendario provisional para dar respuesta al referendo del 9-N. Fuentes de este organismo adelantaron que lo más probable es que el 7 de octubre suspendan la ley de consultas que el Parlament aprobará previsiblemente el 19 de septiembre y también el decreto de convocatoria que firmará el president, Artur Mas. Además, varios jueces quieren que el alto tribunal dicte sentencia sobre el fondo de este asunto antes de que termine el mes de octubre.

Las fuentes consultadas creen que el recurso del Gobierno central contra la ley de consultas llegará en la semana del 29 de septiembre, después de que el Ejecutivo haya autorizado su presentación tras el preceptivo informe del Consejo de Estado. En su demanda, el Gobierno de Mariano Rajoy solicitará la suspensión de la norma, que es automática como obliga la ley.

Los magistrados no tienen ningún margen de maniobra para saltarse la petición del Ejecutivo. La medida debe ser acordada por los 12 jueces que integran el pleno. La suspensión dura cinco meses y, vencido este plazo, los jueces deben ratificarla o levantarla sin necesidad de que hayan dictado sentencia sobre el fondo de la cuestión.

El Tribunal Constitucional no tiene convocada sesión de pleno en la última semana de septiembre. Su próxima reunión está señalada para el 7 de octubre, un día después de que se celebre el 80 aniversario de la proclamación del Estado catalán en 1934. No obstante, si las circunstancias lo requirieran, el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, puede convocar una sesión extraordinaria antes de esta fecha.

POR UNANIMIDAD/ Las fuentes consultadas han adelantado que varios jueces se muestran partidarios de dictar sentencia en un pleno que tiene previsto celebrarse el 21 de octubre. Estos togados argumentan que la suspensión de la consulta es de tal calado que no sería lógico que luego el alto tribunal concluyera que la norma cuestionada es legal porque el perjuicio sería «irreparable».

Por ello, se está trabajando para dictar sentencia cuanto antes. Estas fuentes también han adelantado que las divisiones que la cuestión catalana ha suscitado en este tribunal -que se quebró con el fallo del Estatut de Catalunya- han quedado ahora superadas. Por ello, apuntan que el rechazo a la consulta catalana se adoptará, casi con toda seguridad, por unanimidad, como ocurrió cuando este tribunal rechazó que Catalunya pueda convocar un referendo para ejercer su derecho a decidir.

Hasta que el recurso llegue al alto tribunal no se conocerá el nombre del magistrado que se encargará de redactar la sentencia. No obstante, las fuentes consultadas han explicado que lo más probable es que se cree una comisión reducida de jueces para acelerar los trabajos, al igual que ocurrió con la sentencia contraria al referendo. Este grupo desatascó la deliberación y permitió la aprobación de un texto que contó con el voto favorable de todos los jueces y el aval del PP y del PSOE.

En aquella sentencia, el alto tribunal reconoció el derecho a decidir a Catalunya, pero le negó la facultad de convocar una consulta. Por ello, apelaba al Gobierno y a la Generalitat a hacer política y sugería a Mas que propusiera una reforma constitucional y a Rajoy, a tramitarla en el Congreso de los Diputados.  Sus consejos cayeron en saco roto.