El Parlament también reclama al TC el "levantamiento inmediato" de la suspensión
La Cámara advierte de que si se mantiene se lesionarán los principios y valores de la democracia y el pluralismo
Los servicios jurídicos del Parlament también han presentado este miércoles un escrito al Tribunal Constitucional (TC) donde se pide "el inmediato levantamiento de la suspensión" de la ley de consultas no referendarias que decretó este lunes, tal y como avanzó ayer la presidenta de la Cámara catalana, Núria de Gispert. Esta acción se ha conocido después de que el Govern presentara dos recursos ante el alto tribunalrecursos exigiendo lo mismo y argumentando las mismas tesis.
En el texto del Parlament, se asegura que el mantenimiento de la suspensión causaría "perjuicios de imposible y muy difícil reparación", ya que se lesionarían los principios y valores de la democracia y el pluralismo y los derechos de participación que contemplan la Constitución y el Estatut y que la ley de consultas desarrolla.
Han destacado que una consulta no es un referéndum, puesto que no es vinculante, ya que solo pretende recabar la opinión de los ciudadanos y han apreciado que en la jurisprudencia del Constitucional "no existe ningún obstáculo" para que esta votación pueda celebrarse.
PERJUICIOS "IRREPARABLES"
Además de reclamar al TC que no agote los cinco meses de plazo que tiene para pronunciarse, la Cámara recoge entre sus argumentos que el alto tribunal puede revisar en cualquier momento la suspensión de la ley impugnada, y la petición para que lo hagan puedan realizarse "desde un primer momento".
También llama a tener en cuenta que la suspensión se proyectó sobre preceptos de una ley emanada del Parlament, institución que, de acuerdo con el Estatut, representa al pueblo de Catalunya, por lo que señalan que este hecho debe considerarse como "verdaderamente excepcional", y que debe exigirse a la otra parte que demuestre que la vigencia de la norma produciría unos perjuicios total y difícilmente irreparables para el interés general.
Asimismo, advierte de los efectos de suspender la ley, ya que se frustran "las aspiraciones sociales" de los ciudadanos de disponer de unos cauces legales idóneos que permitan dar su opinión en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos.
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