El método andaluz

Con el compromiso firme del nuevo Gobierno de PSOE e IU de no traspasar «líneas rojas», es decir en sanidad y educación, a Andalucía le queda poco margen para realizar ajustes. De ahí que el grueso de los recortes para cumplir con el objetivo del 1,5% del déficit haya recaído en los funcionarios y empleados públicos.

El plan de ajuste de Andalucía, que ya ha sido remitido al Ministerio de Hacienda y será revisado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de mañana, establece un reajuste del gasto de 3.500 millones de euros. Se han mirado todas las partidas con lupa, según la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, para arañar céntimo a céntimo.

Unos 1.000 millones corresponden al incremento de ingresos por la vía impositiva. Se aumenta un punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas a partir de 60.000 euros, y se multiplica por 1,10 el impuesto de patrimonio y se dobla el de hidrocarburos. También se prevén medidas contra el fraude fiscal.

La reducción de gastos representará 2.500 millones, 777 de los cuales corresponden al recorte de sueldo de los funcionarios, aunque el bipartito insiste en que será una medida«temporal»que afectará ya a la extra de verano.

Andalucía cuenta con 267.999 trabajadores en el sector público y 22.000 más en empresas dependientes de la Junta, sin contar con el personal sanitario y educativo. El objetivo es evitar los despidos, por lo que el Ejecutivo autonómico pide un mayor esfuerzo a funcionarios y empleados con plaza fija. El ajuste incluye al equipo de Gobierno, con sueldos equivalentes a los de un ministro.

Como consecuencia del aumento de la jornada laboral de 37 a 37,5 horas, muchos empleos

-unos 30.000, la mayoría de interinos y eventuales- deberían suprimirse. Para amortiguar este efecto, la Junta disminuye las horas extraordinarias y rebaja hasta un 10% los pluses de funcionarios y personal laboral. En un«esfuerzo solidario», los interinos verán reducida un 15% su jornada y, por consiguiente, su nómina.