El juez ordena investigar una cuenta en Suiza desde la que presuntamente recibía dinero Urdangarin

El juez José Castro ha ordenado investigar una sociedad y una cuenta en Suiza desde la que supuestamente ha recibido fondos Iñaki Urdangarin. En una providencia fechada el 3 de marzo, el magistrado pide a la Jefatura Superior de Policía de Baleares que lleve a cabo "activas gestiones tendentes a investigar cuanto afecte a la entidadAlternativa General Service LTD, Credit Suisse, Laussane", y, en especial, a un número de cuenta bancaria. Se trata de la misma cuenta que aparecía en una anotación incautada a la secretaria personal del duque de Palma,Julita Cuquerella, acompañada de una leyenda manuscrita que decía: "Me dice Iñaki que tu ya sabes para qué es".

En la citada nota manuscrita, se daba cuenta de la existencia de dos contratos y se ordenaba que, una vez firmados, se entregara una copia alyerno del Rey. Al ser preguntado por el juez Castro, Urdangarin aseguróno tener ninguna cuenta en Suiza y negó disponer de firma autorizada en alguna. De acuerdo con su propia versión, el duque de Palma trabajaba en un proyecto con Lobby Comunicación para Aguas de Valencia y supo por alguien cuyo nombre no recordaba que esta última compañía quería internacionalizar sus actividades. Entonces puso en contacto a "un tal Manssour Tabaa",  unempresario jordano residente en Suiza, con Aguas de Valencia. El duque achacó la anotación manuscrita a que el jordano "contactó con Julita Cuquerella para facilitar los datos de la cuenta corriente adónde tendría que transferirle Aguas de Valencia sus honorarios".

Posible testaferro

Fuentes de Aguas de Valencia puntualizaron al diario El Paísque no conocen a Manssour Tabaa, que el trabajo en realidad lo encargó Agavl (socia mayoritaria de la compañía) y que siempre pensaron que con los 375.000 euros ingresados en la cuenta suiza se cubrían losservicios de mediación de Urdangarin, quien "asistió a seis o siete reuniones".

De Alternative General Service se sabe que tienesede en Dublín y es propiedad deRoberto Cockx, un ciudadano belga residente en Madrid. La investigación sospecha que podría ser uno de los testaferros del duque que intermediaban como pantallas para ocultar el destino final del dinero.