Un informe del 2004 de la UE avala la expulsión de Catalunya

Pese a que la Comisión Europea ha evitado despejar las dudas estas últimas semanas, el Gobierno considera que esta institución ya puntualizó en el 2004 que si una región se independiza, saldrá de la Unión Europea (UE) y deberá iniciar el proceso de adhesión como cualquier otro nuevo país si lo desea. El Ejecutivo blandió ayer una respuesta oficial que dio el entonces presidente de la Comisión, Romano Prodi, a una eurodiputada galesa que se interesó sobre la independencia de Argelia de Francia, en 1962, para reforzar su tesis.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Ejecutivo no se plantea pedir un dictamen jurídico a la Comisión Europea antes de las elecciones del 25-N porque no lo considera necesario y porque el «colegio de comisarios» ya respondió a esta cuestión en febrero del 2004. A su juicio, es aplicable para el caso catalán la respuesta que Prodi dio a la eurodiputada Eluned Morgan cuando esta le planteó cuatro preguntas sobre Argelia, colonia francesa que solo por unos pocos años formó parte del mercado común europeo tras la firma del Tratado de Roma (1957). Morgan se interesó por saber si el caso argelino había sentado precedente y también, concretamente, preguntó si «una nueva región independiente debería abandonar la UE y presentar a continuación su candidatura con vistas a la reintegración».

Prodi, por escrito, respondió: «Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio». Y añade que ese nuevo Estado puede presentar la solicitud e ingresará en la UE «si es aceptado por el Consejo por unanimidad».

DECISIÓN CON CONOCIMIENTO DE CAUSA / Ante unas elecciones revestidas con un halo plebiscitario por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta subrayó que los votantes catalanes deben saber «lo que ha contestado formalmente la UE y puedan tomar sus decisiones con conocimiento de causa».

Pese a este documento y la carta de la comisaria de Justicia, Viviane Reading, que esta semana dio a conocer el Gobierno, la Comisión Europea, temerosa de verse envuelta en la batalla política española, ha informado a través de un portavoz oficial en varias ocasiones estas últimas semanas que solo se pronunciará cuando el Gobierno se lo pida y le plantee un escenario «concreto y preciso». De hecho, es la misma respuesta que dio también en el caso de Escocia. Y al Ejecutivo español tampoco le interesa tener «una respuesta oficial y actual» para no «agravar» a los electores catalanes, según reconocen en privado fuentes del PP, que aseguran que el 25-N los ciudadanos votarán «desde la afectividad y no desde la racionalidad». «Hacen falta menos ofensas», admite un miembro de la cúpula del partido.

Aunque se le preguntó en varias ocasiones, Sáenz de Santamaría se resistió a decir si el Gobierno vetaría en Bruselas la entrada de Catalunya en la Unión. «Espero que esa circunstancia no llegue a producirse nunca», dijo con rotundidad.

«BASTANTE IMPROVISACIÓN» / La número dos del Gobierno acusó a CiU y a Mas de enzarzarse en una carrera hacia la independencia con «bastante improvisación» y con «escasa valoración» de las consecuencias «reales y legales de una decisión de esta naturaleza en el ámbito de la UE».

Sáenz de Santamaría renovó la oferta de negociar un nuevo modelo de financiación auntonómica, propuesta que Mas rechazó en septiembre, cuando se reunió con Mariano Rajoy en la Moncloa.