Un error de cálculo

Mariano Rajoy subió al avión que le llevaba a la cumbre del G-20 en Australia apenas unas horas después de comparecer ante la prensa, el miércoles, para tratar de ofrecer la valoración gubernamental del desafío histórico sucedido tres días antes en Catalunya. A tenor de las reflexiones hechas por varios de sus colaboradores, una concatenación de errores de cálculo cometidos por el presidente y su equipo entre la jornada de votaciones y las siguientes 48 horas empeoraron tanto la situación derivada de la consulta que Rajoy inició el viaje con el reto de buscar fórmulas nuevas para reconstruir los puentes dinamitados en el 9-N.

La primera equivocación, dicen, fue confiar en que la Generalitat actuaría con un perfil bajo y no prever que Artur Mas y la vicepresidenta Joana Ortega comparecerían para capitalizar el valor simbólico del proceso de participación. La Moncloa apostó por el ninguneo y desestimó una aparición pública de Rajoy. Cuando, entrada la noche, Mas compareció triunfal ante los catalanes, fues el ministro de Justicia, Rafael Catalá -al que solo conocen el 14% de los ciudadanos-, quien se limitó a ofrecer un breve comunicado sin preguntas, emitido en directo por TVE ante un micrófono pegado con celo.

AVISO UN DÍA ANTES

Fuentes gubernamentales señalan que siempre esperaron de Mas «mayor lealtad y fair play», en lugar de aparecer «como un cowboy», y que confiaban en que cumpliría una suerte de «pacto tácito» para no alimentar una confrontación. Aunque el día antes fueron advertidos de que el president comparecería, en la Moncloa no quisieron creerlo. Fuentes conocedoras de este extremo admiten que la actitud de Mas irritó profundamente a Rajoy, que apareció ante los ciudadanos como un mandatario ingenuo que miró hacia otra parte y permitió a los catalanes ir a unas urnas descafeinadas confiando en que el president actuaría con discreción para poder dialogar tras el 9-N.

La irritación de Rajoy -sometido a las presiones del ala más conservadora del PP y de los barones a siete meses de las elecciones autonómicas- se vincularon pronto a las declaraciones de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que el martes dio por hecho que la fiscalía general del Estado presentaría una querella contra Mas y Ortega. Fuentes próximas a la institución mostraron su enfado porque la locuacidad de Camacho cuestionaba la independencia de un organismo que parecía a las órdenes de Moncloa, y el propio fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, aireó sus dudas sobre esa querella.

El episodio evidencia el frío distanciamiento entre el Ejecutivo y la fiscalía tras la reuncia del anterior titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que mantenía una estrecha relación con Torres-Dulce. Fuentes populares creen que el fiscal ha traicionado la confianza del Gobierno. «Torres podía haber evitado el bochorno de que el 9-N acabe sin que hayamos podido mover ficha ante Mas, pero nos la ha vuelto a jugar», se quejan.

El entorno de Rajoy cree que el presidente no ha decidido aún qué movimientos hacer con esas fichas. Pero confían en que el viaje a las antípodas le haya servido para analizar el problema con altura suficiente como para aprender que los puentes dinamitados solo se reconstruyen si uno es capaz de cruzar al otro lado. A Catalunya.